La reciente normativa del Real Decreto 56/2016, que nace de la Directiva Europea de Eficacia Energética 2012/27/UE, establece que antes del 14 de noviembre empresas, grupos empresariales y filiales de grandes empresas que cumplan la condición de gran empresa tendrán que haber auditado energéticamente el 85% de su consumo. A día de hoy, según los expertos del sector, no se va a llegar a la totalidad de las empresas que están obligadas a realizar sus auditorías, a pesar de exponerse a una sanción de hasta 60.000 euros.
El Real Decreto obliga a toda gran empresa con más de 250 trabajadores o una facturación de 50 millones de euros y un balance de 43 millones de euros a realizar la correspondiente auditoría energética de su actividad en España. Estas auditorías tendrán que estar realizadas y firmadas por un auditor cualificado antes del 14 de noviembre. Una vez realizadas, las empresas disponen de tres meses para comunicar al órgano autonómico competente la realización de la auditoría.
Según los últimos datos de la Asociación de Empresas de Eficiencia energética, a julio de este año, sólo 1.810 empresas privadas de una estimación de 3.800 empresas, que deben cumplir con el RD56/2016, habrían iniciado el proceso de contratación, o sea que un 47% de las grandes empresas no ha empezado y sólo 716, un 27%, han hecho la auditoría. En el caso de la Administración Pública, el retraso es todavía más evidente: sólo 120 de las 2.452 empresas públicas obligadas habrían solicitado presupuesto.
Esto era en verano y estamos en otoño, y las cifras no han variado mucho, según los expertos, a pesar de que se acerca la fecha límite. «Las grandes empresas lo tienen claro y la mayoría lo están realizando; sin embargo, el RD no sólo pide la auditoría a estas grandes empresas, también a los grupos de empresas y filiales que en su conjunto cumplan con las condiciones que dice el RD, y en este ámbito las empresas tienen que tener en cuenta sus parámetros a nivel global o internacional; aquí es donde muchas creen que no tienen que auditar y no es así, tienen que sumar todo el grupo y ver si están dentro del alcance del RD y creo que estas empresas son las que van a tener más problemas para llegar a esta fecha», explica Marta García, directora de Consultoría técnica y energética de Tinsa.
«Vamos tarde como país, no sólo las empresas. De hecho, esta normativa europea obligaba a todos los países de la UE a que las grandes empresas tuvieran su auditoría realizada el 5 de diciembre de 2015 y en España se retrasó a noviembre de 2016, dando un plazo más de nueve meses y estoy segura que recibiremos nuestra sanción», indica García.
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