El 6 de diciembre es la fecha límite para que se trasponga la Directiva 2014/95/UE, sobre divulgación de información no financiera y diversidad, que obligará hasta a 600 empresas de gran tamaño o declaradas de interés público a publicar una memoria con sus políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG en inglés) cada año, empezando por el próximo.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ya ha elaborado un borrador de la trasposición, que modificará el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. El documento no es público y en él se concretan, entre otras cosas, el tipo de empresas afectadas.
La Directiva establece que las concernidas tengan más de 500 empleados, un balance de 20 millones de euros o unas ventas de 40 millones, y que sean de interés público. Sin embargo, los Estados pueden ser más exigentes -Suecia y Dinamarca obligarán a las que tengan más de 250 empleados- y en España son entidades de interés público la mayoría de las financieras, incluidas las aseguradoras, según el Reglamento de Auditoría.
En consecuencia, aún no se sabe a cuántas empresas españolas se les exigirá la publicación de una memoria de sostenibilidad anual; como mínimo serán un centenar, pero pueden llegar a ser unas 600. Forética, que junto con Bankia ha elaborado un estudio sobre la situación de la Directiva en la UE, cree que nos quedaremos en el rango bajo, habida cuenta de la calidad de este tipo de información en España.
Si el ICAC saca a información pública su texto de trasposición -como han hecho Alemania o Francia, que están culminando la tramitación- es muy difícil que España cumpla los plazos. Ahora bien, el organismo no tiene por qué hacerlo, lo que acortaría los plazos.
En cualquier caso, si no se llega a tiempo, la Directiva se aplicará directamente, afectando al centenar de organizaciones citado, pero se quedará en el aire el tratamiento que recibirán las empresas consideradas de interés general.
Terminándose las Guías de reporte
En estos momentos la UE está terminando unas guías de reporte para que las empresas sepan qué se les va a exigir -el lunes hay una reunión-, pero algunos Estados, como Holanda o Dinamarca, aplicarán estándares internacionales, tal que Global Report Initiative.
No obstante, la Directiva ya incluye unos mínimos en relación a los criterios ASG: emisiones contaminantes y de CO2, energías renovables, tratamiento de los derechos humanos, mecanismos para prevenir malas prácticas, derechos sindicales, normas de la OIT, igualdad de género, diálogo social…
En toda la UE se estima que la Directiva afectará a unas 6.000 organizaciones. Y aunque no acarrea sanciones -queda a potestad de los estados miembro-, la presión que ya hacen los inversores internacionales, al fijarse mucho en el comportamiento en relación a los criterios ASG, augura un elevado grado de cumplimiento.
El coste de las memorias, lógicamente, variará mucho, pero la Comisión Europea ha estimado una media de 30.000 euros.
España, bien preparada
Según KPMG, la tasa de reporte del país es del 85 por ciento, frente a un 73 por ciento global, y la Bolsa de Madrid es la número 11 en sostenibilidad del mundo, según Corporate Knights, aunque aún haya ocho empresas del Ibex que no preparan una memoria de sostenibilidad y 20 que no se someten al exigente análisis sobre CO2 de CDP.
La nueva normativa no será difícil de cumplir para las compañías cotizadas en el ámbito de Gobierno corporativo, porque es menos exigente que el Código de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya vigente. Otra cosa ocurre con las exigencias en materia social y ambiental.
Las mayores dificultades las tendrán, obviamente, las empresas que no cotizan.
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