El 50,94% de las personas con perfiles de vulnerabilidad que el año pasado completaron itinerario en alguna de las cerca de 200 empresas de inserción que operan en España acabó colocándose después en el mercado laboral, ya fuese por cuenta propia, por cuenta ajena o en la plantilla fija de la propia entidad.
Así se desprende del Balance Social presentado este miércoles 16 de diciembre por la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), resultado de analizar la actividad de 181 de las 204 empresas de inserción españolas, por las que pasaron en 2014 un total de 2.750 personas de colectivos vulnerables (un 4% más que en 2013), como víctimas de violencia de género o minorías étnicas.
Según los datos de la organización, de esas personas 1.642 seguían en inserción en 2015 y 714 completaron su itinerario, que dura mínimo seis meses y máximo tres años durante los que trabajan de manera normalizada al tiempo que desarrollan sus fortalezas. Al cabo del mismo, 264 entraron en el mercado laboral por cuenta ajena, 27 emprendieron y 69 acabaron en plantilla fija de la misma empresa. La otra mitad, 354, fueron al paro.
«El porcentaje de inserción en otras políticas activas está en torno al 16 por ciento y nosotros tenemos un 50%. Nos parece que es un porcentaje bueno si lo comparas, pero nos encantaría que fuera mayor. El problema es que ahora mismo en el mercado laboral resulta muy costoso acoger a personas que salen de nuestras empresas», explica en declaraciones a Europa Press la presidenta de FAEDEI, Nieves Ramos.
Según apunta, es además complicado para las propias empresas de inserción, donde la mitad del personal debe ser de plantilla normalizada y la otra mitad, de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, ampliar la contratación fija porque ello requiere expandir el volumen de negocio y no siempre es viable.
En este sentido, destaca la reforma en el sistema de contratación pública que se ha introducido este año para primar la asignación de servicios a este tipo de entidades. A su juicio, si se cumple favorecerá que crezcan, lo que les permitirá no sólo acoger a más gente en itinerario de inserción sino ampliar sus capacidades para contratarles una vez hayan terminado el recorrido.
En total, las 181 empresas que refleja el estudio contrataron a 974 personas que eran perceptoras de una renta mínima de inserción, ingresaron el año pasado 90,9 millones de euros, con una facturación de 73,5 millones y generaron un Valor Añadido Bruto respecto del PIB de 57,2 millones de euros.
El informe destaca que sólo en impuestos, retornan a la Administración Pública 4,2 millones de euros, de modo que los 955 puestos de inserción fuera de Cataluña –tiene un régimen distinto– han generado un retorno a la administración pública superior a los 9 millones de euros, un retorno social de 7.186 euros por cada puesto de inserción a jornada completa.
Eso, añade Ramos, «sin contar los intangibles», como el cambio que supone para una mujer que ha sido maltratada por su pareja durante años el poder alcanzar con un empleo la independencia económica necesaria, o el de una persona que ha sufrido discriminación poder desarrollar una profesión en igualdad de condiciones que el resto.
La otra cara es la de quienes al término del proceso no consiguen un empleo en el mercado laboral ordinario. «La situación más dramática es la de la gente mayor, que ya no encuentra, y por eso estamos pidiendo, por un lado, que nos den más trabajo para poder ampliar las plantillas normalizadas dentro de las propias empresas de inserción y, por otro (…) que los empresarios abran sus empresas a la contratación de nuestra gente», señala.
Ramos recuerda que tras estas empresas hay asociaciones o fundaciones, «sin ánimo de lucro ni ánimo de pérdida» pues «los beneficios se reinvierten para poder seguir trabajando». Considera que bonificar los contratos de las personas que procedan de estas entidades sería una buena solución para incentivar que tras acabar el itinerario, mantengan la autonomía.
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