La guía abordará tanto los ámbitos de actuación externos como internos, y tomará como base las recomendaciones de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, el Código Ético y de Conducta de Mapfre, entre otros elementos.
El documento aprobado por el máximo órgano de la compañía de seguros contiene nueve principios generales de actuación y seis principios específicos, y en él se detallan también los mecanismos de desarrollo, seguimiento y control de la política de RSC. Sobre este último punto, se afirma que será el Comité Corporativo de RSC el que reporte anualmente al Consejo de Administración, y/o al órgano delegado sobre el grado de avance y cumplimiento de la política y estrategia de responsabilidad social.
En cuanto a los principios generales, se abordan temas como el cumplimiento de compromisos internacionales; el cumplimiento de leyes y normas nacionales e internacionales; el mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo; la comunicación y dialogo con los grupos de interés; el compromiso con la transparencia; los derechos humanos; la responsabilidad fiscal; la conservación y promoción del medio ambiente; y la promoción de la responsabilidad social. Por su parte, los principios específicos hacen referencia a empleados, clientes y asegurados, proveedores, distribuidores y mediadores, accionistas, y la sociedad en su conjunto.
Así, la compañía se compromete a adoptar de forma complementaria normas y directrices internacionales, como las elaboradas por la OCDE y la OIT, allí donde no exista un desarrollo legal adecuado o suficiente. Se mantendrán prácticas de gobierno corporativo basadas en la ética, la transparencia y la diversidad.
Además, se compromete a mitigar la existencia de riesgos fiscales significativos, “asegurando que la tributación guarda una relación adecuada con la estructura de negocio de cada país”, teniendo en cuenta las actividades que desarrolla y los medios empleados en las mismas.
El nuevo Código de Buen Gobierno para Sociedades Cotizadas establece, en su recomendación 54, que las compañías promoverán una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como facultad indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.
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