El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Juan Antonio Beteta, ha asegurado este lunes en Santander que el Gobierno «está planamente comprometido» en la «inclusión social» de las personas con discapacidad en las Administraciones Públicas (AA.PP) y, «por supuesto, en la dignificación» de este colectivo, que «pretender ser uno más, no ser tratado con condescendencia».
En su intervención en la inauguración del encuentro ‘La reforma administrativa. Balance y nuevos retos: diversidad, responsabilidad social y discapacidad en la función pública’, que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Beteta ha asegurado que la política del Ejecutivo «va dando resultados» en este sentido.
Así, ha concretado que entre 2012 y 203 las personas con discapacidad ocuparon «un 56,8% de todas las plazas reservadas» en todas las Administraciones y que un 16% fueron para personas con discapacidad intelectual. De este modo, ha comentado que la inclusión de las personas discapacitadas en la función pública «es una de las cuestiones en las que estamos avanzando».
«Es un compromiso que nos llevó a hacer los correspondientes análisis con el CERMI», ha dicho Betetaen referencia al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, también ha abogado por incorporar a personas discapacidad «para que la Administración vea con sus propios ojos lo que es una realidad».
Sobre este colectivo, ha defendido que «tienen capacidades distintas que merece la pena reconocer» y que «necesitamos administraciones más inclusivas y más abiertas». «Ese es uno de los retos más importantes que tienen las Administraciones Públicas en todo el mundo», ha asegurado Arenilla, que ha incidido en que debido al mayor envejecimiento de la población y esperanza de vida de los ciudadanos, «todos acabaremos pasando por algún tipo de discapacidad».
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