Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ha reivindicado en el Senado que se regule la «diligencia debida» en España de modo que se obligue a las empresas que operan en el país a garantizar que sus proveedores no se enriquecen a costa del trabajo infantil en cualquier otro lugar del mundo y a rendir cuentas sobre sus esfuerzos al respecto en el etiquetado de los productos.
Es una de las recomendaciones que ha vertido en comparecencia ante la Comisión Especial sobre el Trabajo y la Explotación Infantil que se desarrolla en la Cámara Baja, donde ha defendido ante sus señorías que si bien «España no puede ir de justiciera ni de vengadora» por el mundo erradicando el trabajo infantil, sí puede forzar un cambio de política en las empresas que operan en su territorio que acabe repercutiendo.
«La regulación de la diligencia debida no sería enjuiciar lo que pasa en otro país, sino la diligencia del que está aquí, el ‘qué hace usted para evitar que su suministrador utilice el trabajo infantil’. Si allí lo hay, España no puede ir a luchar contra eso, no podemos demandar a las empresas que lo usan en el exterior, pero sí podemos actuar respecto del que le compra aquí, del que le hace la filial, del que le da la licencia o del que se asocia en una joint venture», plantea.
El experto pone como ejemplo el caso de Albania, donde el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha certificado la desaparición del trabajo infantil en la industria textil, lo que ha sido posible, según ha explicado, porque este sector allí «trabaja para Benetton y Benetton ha puesto los inspectores y explica anualmente lo que hace para luchar contra el trabajo infantil, es transparente y ha conseguido erradicarlo».
En la misma línea, se ha referido a una empresa chocolatera valenciana para afirmar que es la única de la que es posible en España saber a ciencia cierta que no trabaja con granos de cacao que hayan sido recogidos por niños en ningún lugar del mundo, ya que, por un lado, realiza inspecciones y, por otro, exige garantías a sus proveedores.
Para Cardona, no se trata sólo de imponer a las empresas la adopción de estas medidas, sino de que la Administración Pública «las acompañe» en el proceso. «Entiendo una reacción primera en contra en el empresariado porque a nadie le gusta que le pongan nuevas obligaciones, pero si se le apoya y se le explica terminará haciéndolo y se dará cuenta de que es mucho más eficaz y aporta a su marca», afirma.
El experto incide en que no se trata sólo de explicar la política de Responsabilidad Social Corporativa en la página web, sino de que el propio etiquetado de los productos debería especificar si la empresa titular dispone o no de «un plan de derechos humanos» que contemple todos estos mecanismos y garantías contra el trabajo infantil.
«Igual que cuando yo compro pescado sé cuál es su procedencia, el producto debe decir qué están haciendo para que no haya trabajo infantil detrás», afirma. En su opinión, la sociedad debe tener esta información porque si sabe que un producto es más barato porque lo han elaborado niños, optará por uno más caro en cuya obtención no haya violación de derechos humanos. «Si no lo sabes, te compras la camiseta de tres euros», afirma.
Para Cardona, «los distribuidores tienen la misma responsabilidad y deben exigirlo» de modo que el suministrador deba garantizar por contrato que no ha habido trabajo infantil «y proporcione información para poder garantizarlo».
«Si desde los países desarrollados luchamos en ese sentido, acabaremos con el trabajo infantil, porque no es el de la pequeña empresa familiar, es la gran empresa minera, la extractora, la agrícola, la textil, la que está produciendo ese trabajo infantil en masa», ha zanjado.
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