Casi tres de cada cuatro empresas (el 72%), tanto pymes como grandes compañías que operan en España aseguran que «tienen en cuenta» la conservación de la biodiversidad en su estrategia empresarial y la mayoría (el 70% de las grandes empresas y el 59% de las pymes) señalan que su política ambiental contempla programas para conservarla o gestionarla.
Así se desprende del Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, que ha sido presentado este jueves en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.
El documento, titulado ‘Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad’, subraya también que la mitad de las compañías de gran tamaño y el 32% de las pymes reconocen que su actividad tiene efectos sobre espacios protegidos o áreas de interés natural, y el 40% y 17%, respectivamente, realizan acciones para compensarlo.
Así, la mayoría de las empresas (80% de grandes empresas y 64% de pymes) asegura conocer el coste o impacto medioambiental que supone su actividad económica, aunque, de estas, el 14% de las grandes empresas y el 24% de las pymes que disponen de esta información no realiza actividades de compensación.
Sobre el modo en que las compañías incluyen la conservación de la biodiversidad en su estrategia, en el caso de grandes empresas, el informe destaca que el 68% de estas «tiene en cuenta la protección de especies amenazadas y hábitats» en la toma de decisiones, el 54% trabaja en I+D+i con la sostenibilidad como área de estudio (aunque solo el 20% tiene un presupuesto específico para ello) y el 72% tienen personas en plantilla que se encargan de la gestión de la biodiversidad, aunque solo en el 16% de los casos realizan esta función de forma específica.
Durante la presentación del informe, Ramos de Armas, ha asegurado sentirse «orgulloso» de la implicación de las empresas españolas en este sentido y ha indicado que «hasta hace poco parecía irreal hablar de empresas y biodiversidad» porque «parecía que eran dos áreas muy separadas».
AVANCES EN COLABORACIÓN
En este sentido, ha valorado que «si algo positivo ha tenido la crisis económica ha sido que se ha avanzado en la colaboración» entre instituciones públicas, empresas y organizaciones, aunque ha incidido en la necesidad de avanzar en esta línea para acercar las posiciones de compañías, órganos políticos y grupos ecologistas. «Hemos mejorado algo, pero nos ha faltado colaboración», ha apuntado.
A su juicio, en los últimos años las empresas «han sido capaces» de incorporar variables como la protección de la biodiversidad sin dejar de trabajar para obtener «una cuenta de resultados aceptables», crear empleo y ser rentables.
«Antes se gestionaban los recursos como si fueran ilimitados y ahora todos somos conscientes de que son limitados y de que como no los incluyamos en nuestras decisiones económicas ni acertaremos ni podremos avanzar –ha manifestado el secretario de Estado– Nuestro modelo será insostenible.»
Con respecto a esto, el secretario de Estado ha asegurado que «no augura marchas atrás» en las políticas dirigidas a mejorar el respeto a la biodiversidad de las empresas españolas, como parte del camino hacia «una economía baja en carbono». «La velocidad a la que nos desarrollemos hacia una economía baja en carbono dependerá de nuestra habilidad, pero no habrá pasos atrás», ha subrayado.
Además, ha hecho hincapié en que el respeto al medio ambiente por parte de la actividad económica «no es una cuestión de romanticismo» ni «solamente ética». Para él, se trata de «desarrollarse de forma inteligente» teniendo en cuenta que «las empresas sostenibles son las que van a perdurar, a ser más sólidas, robustas y rentables».
En este sentido, el estudio indica que, para las grandes empresas, el principal modo en que puede afectarles manifestar o no «afección» hacia la biodiversidad de cara a su cuenta de resultados, es en términos de «reputación» (21%), aunque señalan también otros ámbitos como un aumento de los costes operacionales (17%), en el aprovisionamiento de materias primas (12%) y en el aumento de las primas de seguro (12%), entre otros aspectos.
En el caso de las pymes, el aumento de los costes operacionales es el modo en que creen que puede influir en mayor medida mostrar o no respeto a la biodiversidad desde su actividad económica. Además, señalan el aprovisionamiento de materias primas (14%), la reputación (14%) y la existencia de «riesgos contencioso-jurídicos» (9%).
POCA EXIGENCIA DE CLIENTES E INVERSORES
Por otra parte, la mayoría de las empresas que ha participado en el estudio considera que la mayoría de sus clientes (más del 60%) no demanda cuestiones relacionadas con la biodiversidad, y afirma que sus inversores tampoco han planteado exigencias en este sentido, especialmente en el caso de las pymes, en las que solamente el 15% de las empresas contesta afirmativamente a esta cuestión.
Además de estos y otros datos sobre la actividad, las dificultades y el modo en que las empresas llevan a cabo sus políticas de respeto a la biodiversidad, el informe incluye una explicación de 16 casos de buenas prácticas de grandes empresas que operan en España en sectores como la energía, el transporte, la alimentación, la aeronáutica, construcción e infraestructuras y la distribución.
CRITERIOS VERDES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Aún así, los autores del estudio destacan en las conclusiones del documento que dichas políticas de empresa son «voluntarias» y recomiendan a las administraciones públicas que incentiven estas prácticas mediante la inclusión de «criterios verdes» en los procesos de contratación pública, para lo que apunta también la necesidad de ampliar la formación de los funcionarios públicos para la elección y medición de estos criterios.
Por otra parte, propone luchar contra la falta de sensibilidad en el respeto al medio ambiente que todavía existe «incluso dentro de un mismo grupo empresarial» en el que sí se adoptan políticas de conservación de la biodiversidad. Para ello, sugiere «cuantificar» el impacto que tiene la disminución de la biodiversidad en la actividad de las empresas.
En otro orden de cosas, los responsables del estudio apuntan en las conclusiones a la «dificultad a mejorar» en el ámbito público, consistente en que «no todas las comunidades autónomas tienen la misma percepción del coste de un impacto» cuando se comete una infracción, y consideran que esto es posible debido a los «rangos altísimos» que permite la actual legislación en función de la gravedad.
Además, subrayan la importancia de mejorar la comunicación entre administraciones y empresas para ampliar la conciencia de responsabilidad compartida, para lo que proponen también impulsar programas formativos e informativos para ciudadanos y empresas, así como mejorar las redes de colaboración y sinergias a nivel local y nacional y «tender puentes» hacia el ámbito científico y ONG de conservación del medio ambiente.
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