Según informó el Cermi en un comunicado, la propuesta de regulación establece todos los aspectos de este servicio con arreglo a una perspectiva «exigente» de satisfacción de las necesidades del usuario con discapacidad o movilidad reducida.
Así, detalló, fija desde las características y dotaciones del vehículo, hasta las formas de concesión de licencias y las condiciones de la atención al viajero, pasando por el marco de las ayudas sociales para atenuar el esfuerzo económico que supone la utilización del servicio de taxi.
Con esta iniciativa, que se hará llegar a todos los ayuntamientos del país a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se pretende asegurar el cumplimiento de la obligación normativa estatal de que el 5% del parque total de taxis de cada localidad esté integrado por vehículos accesibles.
Esta obligación de reserva será exigible en el año 2017, por lo que los ayuntamientos deben adoptar «medidas urgentes» para dar cumplimiento a ese mandato legal, recuerda el Cermi.
Aprovechando las elecciones municipales del próximo mes de mayo, el Cermi planteará a todas las formaciones políticas que asuman el compromiso de adoptar la ordenanza municipal sobre el taxi accesible.
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