Coca-Cola está dispuesta a rebajar el número de despidos previstos -750 incluyendo las salidas directas y la prejubilaciones- y negociar además un posible aumento de las indemnizaciones anunciadas a los sindicatos.
Inicialmente, el embotellador de la compañía, Coca-Cola Iberian Partners, ha ofrecido a los representantes de los trabajadores una indemnización por despido de 30 días, con un tope de 18 mensualidades por la extinción de contrato, además de 5.000 euros por gastos de traslado a los empleados que se tengan que recolocar en centros a más de 75 kilómetros del suyo.
Fuentes oficiales del gigante de los refrescos han confirmado, sin embargo, que «se han planteado unas cifras de salida, que se pueden negociar y que podrían variar en función del resultado de las conversaciones». El problema, según estas fuentes, es que «ahora mismo los sindicatos se niegan a negociar nada hasta que no se retire el ERE y eso es algo que no se va a hacer».
La fecha límite para llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores acaba el próximo 21 de febrero. A partir de ese momento, la compañía podría presentar el ERE de forma unilateral, pero se arriesga a que sea impugnado y a que los jueces lo declaren nulo.
Eso, al margen de que la propia Administración pueda también rechazarlo, ya que como la empresa está en beneficios tendrá que alegar causas organizativas que deben estar muy bien argumentadas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la fábrica de Madrid, que se va a cerrar, es una de las más grandes y productivas de todo el grupo, con un total de 11 líneas de producción.
Las siete antiguas embotelladoras de Coca-Cola en España -fusionadas hoy en la nueva Iberian Partners- obtuvieron entre 2010 y 2012 un resultado operativo conjunto de 860,9 millones de euros. Sin embargo, la empresa justifica el plan de reestructuración puesto en marcha, que afectará a un total de 1.250 trabajadores -incluyendo tanto las salidas como los traslados- porque sus ventas están cayendo, sus márgenes de rentabilidad se han estrechado y beneficio se ha reducido.
Por su parte, los sindicatos denuncian que el ERE aprobado es «consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la compañía Coca-Cola a nivel mundial», por el que el grupo tiene que duplicar los beneficios entre 2010 y 2020, una intención que anunció el presidente de la multinacional, Muhtar Kent.
Intervención del Congreso
IU llevará al Pleno del Congreso el ERE, solicitando que se considere ilegal que las empresas con beneficios despidan a trabajadores. En la misma línea, las Juventudes Socialistas se manifestarán junto a los trabajadores y emprenderán una campaña en Internet bajo el lema Ahogando la felicidad.
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