10 de noviembre de 2024
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Trabajadores de RTVE denuncian contrataciones indiscriminadas de personal próximo al Partido Socialista

Trabajadores de RTVE denuncian contrataciones indiscriminadas de personal próximo al Partido Socialista

El ‘lío’ en Televisión Española está servido. Mañana mismo los empleados de RTVE deberán decidir en referéndum si aprueban o no el Plan de Saneamiento que ha propuesto la SEPI de acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Un plan que supone la baja de entre 4.000 y 4.200 trabajadores del Ente Público que dirige Carmen Caffarel. Éstos denuncian, sin embargo, que la empresa está practicando contrataciones indiscriminadas de personal próximo al partido en el Gobierno.

Fuentes de los trabajadores afectados por el Plan de Saneamiento señalaron a este diario que “todas las semanas se producen nuevos contratos, incluso en agosto hubo nuevas incorporaciones, a veces para programas que van a acabar dentro de tres meses”. Nadie es capaz de cuantificar el número de nuevas contrataciones, pero estas fuentes hablan de hasta doce incorporaciones a la semana.

 

De hecho, incluso dentro del Plan de Saneamiento, la empresa se ha reservado el derecho de decidir sobre un 3% de los empleados afectados por el Plan a los que mantendrá en su puesto por considerarlos imprescindibles, “y ya sabemos que en ese 3% estarán los amigos de la Dirección”. Además, la Dirección negocia con los nuevos contratados el pase a fijos de, al menos, unos setecientos trabajadores, “muchos de ellos sin la titulación adecuada”, denuncian estas fuentes.

 

Se habla de periodistas ‘fichados’ en la Cadena SER que ahora pasarían a presentar informativos emblemáticos de la casa como La 2 Noticias, y es que según estas fuentes el desembarco de profesionales hasta ahora a las órdenes del Grupo PRISA se va a hacer notar en los próximos meses. Una operación con la que la Dirección pretendería sustituir a los empleados que van a causar baja con el Plan por otros “más próximos al poder”, como ya ocurrió cuando el PSOE ganó las elecciones del 82.

 

El personal afectado por el Plan está dispuesto, sin embargo, a llevar el asunto a los tribunales si no se llega a un acuerdo al margen de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que desde el primer momento han declinado defender los intereses de un grupo de trabajadores que se ha unido entorno a la Asociación de Afectados por el Plan de Saneamiento, que ayer mismo presentaba un informe jurídico que califica de “ilegal” y “discriminatorio” el Plan de la SEPI.

 

Contrario a la Constitución

 

Miguel Angel Pérez Marqués, presidente de esta agrupación, dijo que este acuerdo, que establece la extinción de 4.160 puestos de trabajo mediante la "prejubilación" de los mayores de 52 años, "es contrario al principio constitucional de no discriminación por razón de edad". Así se desprende del informe jurídico que esta asociación de afectados encargó al gabinete de abogados Cuatrecasas.

 

El texto señala, además, que el Plan es contrario a las recomendaciones del informe que RTVE encargó a un grupo de ‘sabios’ y que en su página 171 recomendaba la renuncia a cualquier plan de reestructuración que se llevara a cabo por razón de edad. "Los responsables de la actual situación de RTVE -destacó Pérez- no somos los trabajadores y, por lo tanto, no tenemos que pagar por este Plan de Saneamiento que es salvaje, discriminatorio e ilegal".

 

Pérez consideró que una forma de reducir "los riesgos de corrección jurídica" de la "propuesta extintiva" de RTVE sería convertir el término de la relación laboral de los trabajadores de más de 52 años en una medida voluntaria y no forzosa. "Esto ya ha ocurrido anteriormente, entonces no entendemos por qué ahora tienen que asumir posturas tan radicales como echar a más de 4.000 trabajadores que han hecho su carrera profesional y han dejado parte de su vida en esta empresa", afirmó.

 El presidente de esta organización rechazó que se les califique como "prejubilados de oro", ya que, resaltó, "nos están privando del derecho a trabajar y a ejercer nuestros derechos simplemente por tener más de 52 años". Por ello, Pérez señaló que presentarán los alegatos jurídicos necesarios para "echar abajo" el convenio e hizo un llamamiento a preservar una televisión pública "fuerte, libre, neutral e independiente".

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