Hay veces que la tozuda aplicación de órdenes, consignas o reglamentos lleva a situaciones que nadie llega a comprender. Eso es exactamente lo que está pasando con los 23 discapacitados psíquicos de Jaén que dentro de un mes se van a quedar sin su empleo en la Junta de Andalucía porque ésta se niega en rotundo a modificar las condiciones de un convenio que hace tres años les propició una colocación en las diferentes delegaciones y que ahora, una vez concluido el período de vigencia, les va a devolver a un mundo de incomprensiones que todos creían haber dejado atrás. Esta historia de ilusiones y desilusiones se comenzó a escribir en 2002.
En ese instante la Consejería de Justicia y la Federación Andaluza de Asociaciones Prodeficientes Mentales (Feaps) llegaron a un entendimiento para acabar con la discriminación histórica que sufre este colectivo y al mismo tiempo se convertían en ejemplo para las demás administraciones al hacer efectivo el artículo 49 de la Constitución, que reconoce el derecho de estos ciudadanos ‘a la realización personal y a la integración social’, y la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que establece para ellos una cuota del 5 por ciento de los trabajos que se ofertan desde lo público.
En 2003 comienza el proceso de incorporación de los jóvenes a sus nuevos puestos. La tarea no fue fácil. Había que hacerles ver que pasaban a ser piezas de una estructura que se rige por criterios de rendimiento y que había que entregarse en cuerpo y alma a las tareas que les encomendaran. La Asociación Provincial Prominusválidos Físicos de Jaén (Aprompsi) puso en marcha un dispositivo de asistencia y apoyo a los beneficiarios del programa para ayudarles en todas las contingencias que pudieran surgir tanto en sus quehaceres diarios como en la relación con el resto de funcionarios. Se organizaron infinidad de talleres, de reuniones de grupo mensuales, de sesiones de orientación para conseguir que fuera un éxito una experiencia ambiciosa y de hondo calado social, ya que se concedía una oportunidad a personas que hasta entonces se sentían excluidas del universo de los ‘normales’. Todo salió perfecto.
Durante este trienio estos chavales han sido celadores, auxiliares administrativos, ordenanzas… Han respondido de forma sobresaliente a todo lo que se les requería. Se han sentido parte de una organización que los valoraba exclusivamente por su talento y no por solidaridades mal entendidas o sentimientos de compasión. Eran uno más. Eran Pepe, Pedro y Juan (nombres ficticios), que salían todos los días con los compañeros a tomar un café a media mañana, que hablaban de las diabluras de Ronaldinho con el balón, que arrimaban el hombro como el que más. Por primera vez en su existencia se sentían realmente útiles. Según el gerente de Aprompsi, Antonio González, ‘en estos momentos el 90 ciento de estos nenes tiene un grado de capacitación óptimo que les permite desarrollar los oficios asignados con la misma eficacia que cualquier otro’.
Pero ahora toda está a punto de irse al traste. Aprompsi, que ayer sábado celebró una junta directiva para analizar el asunto y ver qué medidas se pueden emprender para reconducir la situación, considera que en estos tres años se han aprobado legislaciones que avalan la teoría de que a estos chavales no se les puede dejar de lado así por así y que sus puestos deben consolidarse de hecho y por derecho. Así arguyen una norma que reserva el 1 por ciento del 5 por ciento de las plazas oficiales exclusivamente a los disminuidos mentales, un porcentaje que no se cubre ni de lejos. Por ello proponen que no se toque a los que están dentro y que el nuevo acuerdo que desea rubricar Función Pública sirva para promocionar a una nueva ‘hornada’. Esta tesis es defendida en un informe elaborado por el propio Defensor del Pueblo, ya que se avanzaría en el objetivo de cubrir el 1 por ciento. Otras razones de peso emanan de la reforma laboral consensuada por Gobierno, patronal y sindicatos, que funciona desde principios de junio y que como precepto general recoge que todos los individuos que lleven más de 24 meses en la misma empresa deben ser indefinidos.
Aprompsi es consciente de que el reloj ya ha comenzado la cuenta atrás. Queda un mes para encontrar una solución y ya han enviado una carta a la presidencia de Feaps para que intervenga con la mayor premura, ya que esta controversia trasciende las fronteras de Jaén y afecta a 68 muchachos en toda la comunidad. Ahora la cuestión es ¿se puede resolver un problema de este calibre en el pleno agosto? Por lo pronto ayer este periódico intentó recabar la opinión de la Junta al respecto y todos los teléfonos estaban desconectados.
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