En la asamblea de trabajadores celebrada el pasado viernes el desanimo y la rabia quedaron de manifiesto en todo momento de una reunión en la que los 87 empleados acordaron seguir adelante con las movilizaciones en contra de la privatización del centro. Pero si la preocupación por el futuro laboral de las familias de los empleados fijos era más que notoria, mucho más fue el malestar de los trabajadores interinos que verán desaparecer su único medio de vida.
En el transcurso de la asamblea, los representantes sindicales brindaron todo su apoyo a los que serán despedidos poniendo a su disposición los recursos jurídicos necesarios. También se informó de que la situación del centro vacacional será trasladada a la Procuradora General del Principado y a la Comisión de Garantías de la Junta General del Principado para que medien en este conflicto, que supone la pérdida inmediata de 37 puestos de trabajo. La queja será avalada por más de 4.000 firmas en contra de la privatización de la Ciudad de Vacaciones.
El portavoz del comité de empresa, Julio Antuña de CC OO, insistió en que el Principado sigue adelante con esta política de hechos consumados sin disponer de ningún documento oficial del Consejo de Gobierno que «oficialice esta decisión». Antuña agregó que «como único amparo, la consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, presenta el acta de sesiones de una interpelación del Partido Popular en el que se piden explicaciones sobre los planes del Ejecutivo en Perlora, que no tienen la menor validez».
Confiados en un giro
No obstante, el portavoz de los trabajadores confía en que esta situación pueda dar un giro: «Tenemos razones aún para pensar que, finalmente, la Administración regional rectifique su postura y se decida a negociar un futuro con una gestión pública para Perlora». Y, también, añadió que el coordinador general de IU, Jesús Iglesias, «no ve todavía con claridad la privatización», porque existen razones poderosas para pensar en lo contrario, como es el hecho de que se está llevando a cabo la expropiación del suelo que ocupa el camping de Perlora, situado a 200 metros de la ciudad turística. «Iglesias entiende que a tenor de estas actuaciones ministeriales, no existe base alguna que justifique una expropiación y, sin embargo, se privaticen terrenos públicos próximos», señaló Antuña.
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