El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados quiere que la reforma laboral se aproveche para regular las empresas de recolocación con el fin de que faciliten el acceso al trabajo de aquellas personas en situación de desempleo y de exclusión social.
Esta es una de las enmiendas parciales que los nacionalistas catalanes han registrado ayer en el Congreso al proyecto de Ley de Reforma Laboral.
En concreto, CiU emplaza al Gobierno a presentar en el Congreso, en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las modificaciones legislativas necesarias para la regulación de la actividad de las empresas de recolocación, que tendrán por objeto encontrar trabajo a personas en situación de desempleo.
Estas empresas colaborarán con los Servicios Públicos de Empleo para agilizar el retorno a la actividad laboral de desempleados con más de seis meses en situación de desempleo.
Además, CiU plantea que los servicios públicos de empleo garanticen un Programa de Recolocación para todos los trabajadores mayores de 45 años afectados por un despido individual por causas objetivas o disciplinarias reconocido como improcedente y defiende que se agilice la tramitación de los expedientes de regulación de empleo por parte de la administración cuando vengan acompañados de un Plan Social que incluya programas de recolocación para los trabajadores afectados.
A través de otra de sus enmiendas, este grupo parlamentario reclama la regulación de las empresas de inserción para que tengan como finalidad la promoción del empleo de las personas en situación de exclusión social.
Según explicó el portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, lo que pretende su grupo es establecer un marco jurídico estable, y un régimen fiscal más favorable, para estas empresas con la finalidad de que se potencien aquellas iniciativas que facilitan la inclusión de excluidos sociales en los procesos de reinserción laboral y que cumplen una función social de facilitar el tránsito del trabajo protegido o de inserción al trabajo ordinario.
SUBVENCIONES A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Asimismo, CiU aspira a que durante el trámite parlamentario de la reforma se incrementen las subvenciones para la creación de empleo por parte de los Centros Especiales de Empleo (CEES), que permanecen congeladas desde 1985. También reclama la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a las empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores, ya que en la actualidad este fondo se limita a las compañías con menos de 25 empleados.
Otra de sus reivindicaciones es ampliar las bonificaciones a los contratos de trabajo indefinidos de los trabajadores mayores de 56 años. Campuzano señala que, con ello, se podría contribuir al mantenimiento del trabajo de las personas mayores a la citada edad, reduciendo así en 5 años la edad prevista en el Proyecto de Ley para la aplicación de estas bonificaciones.
En este ámbito y con el objetivo de evitar la discriminación en la contratación por razones de edad, CiU reclama al Gobierno que presente, antes de 2008, un Plan Plurianual de Empleo de las personas mayores de 45 años (Plan Plurianual de Empleo Senior), que perseguirá favorecer le mantenimiento del empleo de estas personas aprovechando su experiencia laboral, así como mejorar las condiciones de trabajo de los mayores de 45 años en temas que afecten a su formación, a su salud y a su seguridad en el puesto de trabajo y garantizar mayores posibilidades de recolocación a estas personas.
MAS BONIFICACIONES
Por otro lado, CiU aboga por incrementar las bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social hasta en 1.300 euros anuales (108,33 euros al mes) en los casos en que se contrate a personas con discapacidad que sean mayores de 45 años, o que presenten parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, así cuando se emplee a mujeres con discapacidad.
En esta línea, piden también que se aumenten las bonificaciones a la contratación indefinida de trabajadores en situación de exclusión social en 1.200 euros al año (100 euros mes) durante cuatro años, o en caso de que la contratación sea temporal se incrementaría en 1.000 euros al año (83,33 euros al mes).
Por último, apuestan por que el régimen de bonificaciones se haga extensible a los autónomos con discapacidad, es decir, que los autónomos que sean discapacitados puedan aplicarse las mismas bonificaciones de las que pueden beneficiarse un empleador al contratar un trabajador discapacitado.
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