Los trabajadores de los astilleros de Sevilla cerraron ayer un preacuerdo verbal con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que será puesto por escrito hoy, sobre el futuro de sus garantías laborales. El presidente del comité de empresa de la planta sevillana de Izar, Gregorio Mora, indicó a Europa Press que, tras haber estado negociando con la SEPI desde el lunes, "se ha llegado a un acuerdo verbal que aún no puede valorarse, ya que todavía hay que darle forma al texto, y una cosa es lo que se dice y otra lo que se acaba poniendo por escrito".
Mora señaló, en este sentido, que la operación de venta por separado de los activos de Izar llegará probablemente mañana al Consejo de Ministros y que "se está intentando suscribir el convenio antes de ese día". El presidente del comité de empresa ya anunció el lunes que, si no era posible llegar al acuerdo, los empleados presentarían denuncias por las vías administrativa y de lo social, al entender que la venta individual de los activos civiles de Izar "incumple" los acuerdos suscritos con los sindicatos en diciembre de 2004.
De momento, parece que no será necesario llegar a ese extremo y todo apunta a que el Consejo de Ministros aprobará mañana la privatización de los centros de Izar de Gijón, Sestao (Vizcaya) y Sevilla –en este caso, el comprador es Astilleros de Huelva, que desembolsará 607.200 euros–, mientras que la fábrica de motores de Manises está a la espera de que Bruselas dé el visto bueno a su enajenación. La inminencia de la aprobación del Gobierno ha propiciado negociaciones a contrarreloj durante toda la semana entre la SEPI y las federaciones industriales de CCOO y UGT, con el fin de cerrar los últimos flecos del proceso de liquidación abierto hace más de un año.
Fuentes sindicales explicaron que, aprobada la privatización, se perfeccionará la venta con la elevación a escritura pública de los contratos de compraventa, lo que hará posible la entrada de nueva actividad en todos los centros. La SEPI y los sindicatos aún tienen que cerrar las garantías laborales definitivas, después de que el pasado mayo el holding público y los agentes sociales firmaran un preacuerdo que establece garantías laborales para 10 años, en caso de fracaso del proyecto del comprador. Ese acuerdo fue, en un primer momento, rechazado por los trabajadores, aunque a continuación ambas partes iniciaron un nuevo proceso de conversaciones para limar algunos puntos de enfrentamiento, que son los que están pendientes de ser consensuados.
En las negociaciones entre la SEPI y los sindicatos se determinará el plan industrial para cada uno de los centros y la carga de trabajo.
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