Las empresas han levantado la voz de alarma. Los cierres y recortes de empleo de Philips, Seat o Braun pueden tener una explicación adicional a las causas que impulsan, ya de por sí, el avance de las deslocalizaciones.
Las empresas toman la decisión de trasladar sus plantas con el objetivo de reducir los costes de producción en países como China o los nuevos Estados miembros comunitarios ubicados en el Este. Pero en el caso de algunas comunidades autónomas, como Cataluña, esta motivación se ve multiplicada por el fuerte encarecimiento que han experimentado en los últimos años los costes de los expedientes de regulación de empleo (ERE) –trámite que debe realizarse obligatoriamente en España para poder trasladar o cerrar una planta o una parte significativa de ella–.
“Lo primero que pregunta una empresa antes de implantarse, o una ya ubicada antes de realizar nuevas inversiones, es cuánto le va a costar mover la planta si llega la ocasión. Y nuestra respuesta es que en Cataluña este coste puede situarse, sin problemas, en los 90 días por año trabajado y por cada uno de los empleados despedidos en ese momento”, señala el responsable laboral de uno de los grandes despachos españoles.
La versión de esta fuente, que reconoce tener en su mesa ya nuevos planes de traslado empresarial, se ve reforzada por otra de las mayores firmas de servicios legales: “El coste en comunidades como la catalana llama la atención frente a los cerca de 60 días por año y trabajador despedido que se están pagando en estos momentos en los ERE firmados en País Vasco, Galicia o Madrid. Y aún más si se comparan con los cerca de 50 que han costado los últimos registrados en Andalucía”.
Hay que tener en cuenta que el coste fijado por la ley por despido improcedente tan sólo se sitúa en una horquilla entre los 33 días por año trabajado y los 45, dependiendo del tipo de contrato laboral. Los datos del resto de despachos consultados confirman un encarecimiento en Cataluña frente al resto de autonomías.
Y los asesores dan una explicación de fondo. “En su momento, la cercanía a los sindicatos del anterior consejero de Trabajo, Josep María Rañé, fomentó el auge de la fuerza negociadora de los sindicatos”, apunta una de las fuentes.
Postura de la Generalitat
En enero de 2004, de hecho, Rañé aseguró que “si una empresa quiere irse, no se irá de rositas”, tras el anuncio de deslocalización de Philips. Rañé (PSC), de hecho, con el respaldo de Carod Rovira, aseguró que “a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a que el Gobierno de Cataluña controle a que empresas se les permite entrar en la Generalitat”. Las frases no cayeron en saco roto. La ascendencia de Rañé, ligado años atrás a UGT, dejó su impronta.
Según los despachos, “en los últimos ERE los sindicatos han contado con la fuerza de saber que si no había acuerdo previo de la empresa con los sindicatos, el ERE, que debe ser aprobado por la Administración, contaba con grandes probabilidades de no recibir el visto bueno” oficial, lo que en la práctica supone la imposibilidad de trasladar la planta.
Las empresas quieren ahora esperar a ver las decisiones que toma la nueva consejera de Trabajo catalana, Maria del Mar Serna Calvo, persona que no está afiliada a ningún partido y que trabajó como abogada laboralista de la UGT de Cataluña entre 1977 y 1982.
Lastre a la inversión extranjera
Los expertos señalan que los costes de los ERE resultan muy difíciles de explicar a las empresas extranjeras. El catedrático Salvador del Rey, del despacho Cuatrecasas, destaca que España y Holanda son, de hecho, los únicos países de la zona del euro, y de la antigua UE de quince miembros, que exigen autorización administrativa para poder hacer una regulación de empleo. El resto de los países se atiene a la directriz comunitaria que exige un mero proceso de consultas, información y negociación con los sindicatos.
Otra diferencia sustancial de España con sus más directos competidores es que incluso la jurisdicción de lo Social evalúa técnicamente si la decisión del empresario se justifica desde el punto de vista económico, organizativo, tecnológico o de producción. En el resto de la zona del euro, o en Dinamarca, Reino Unido y Suecia “no se cuestiona la decisión empresarial, sino que sólo se trata de garantizar que se siguen los pasos necesarios para cumplir la ley”, señala Del Rey.
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