La consellera de Trabajo de la Generalitat, Mar Serna, considera a Francia como modelo en los planes sociales "de calidad" a los que deben comprometerse las empresas que cierran centros de trabajo para deslocalizar la producción a países con salarios más bajos.
En una entrevista concedida a Europa Press, Serna señaló que el país vecino ha introducido ideas innovadoras ante el fenómeno de la deslocalización, como el hecho de que las empresas que la practican deban impulsar la recolocación de sus trabajadores en compañías de su entorno geográfico o se comprometan a la promoción de la autocupación.
Serna explicó que "normalmente" el plan social de las empresas que deciden deslocalizar y cerrar centros productivos en Catalunya incluye "prejubilaciones o empresas de recolocación", pero "hemos de ser más innovadores, hay otras alternativas", como "el compromiso de la empresa de buscar empleos alternativos en el entorno".
La consellera abogó por que la empresa que se va consulte con otras empresas de su área geográfica y llegue a acuerdos con éstas para recolocar parte de su plantilla, por ejemplo con incentivos para el plan de crecimiento de la empresa que se queda con trabajadores.
Otras opciones son ayudar a los empleados a "desarrollar su propia línea de negocio" y a crear un plan de empresa para esa iniciativa, ya sea con inversión o con asesoramiento.
Serna destacó que hay empresas españolas que han llevado a cabo actuaciones parecidas en Francia, un país en que las empresas de más de un millar de trabajadores deben generar un fondo de impacto en el territorio, una medida que en España la ley no prevé.
TRASPASO DE COMPETENCIAS DESDE 2007
Por otra parte, Serna se refirió a las competencias que la Generalitat asumirá en materia de trabajo tras la entrada en vigor del Estatut. Explicó que "el Ministerio de Trabajo está ultimando un decreto que unifica la formación ocupacional y la continua y que cerraría los traspasos de la formación continua".
La consellera confirmó que el traspaso total de la formación laboral -tanto la ocupacional como la continua- se hará efectivo en 2007, con gestión y supervisión por parte de la Generalitat.
Por lo que respecta al traspaso de la Inspección de Trabajo, previsto para esta legislatura, Serna reconoció que el número de inspectores es "insuficiente" y que la Generalitat no puede incrementarlo porque depende de concursos públicos estatales, aunque recalcó que el Gobierno catalán sí dotará a la inspección de "más recursos humanos y materiales" cuando asuma la competencia.
Una vez llegue ese momento, Serna puntualizó que "si queremos ser eficientes" se deberá "buscar la colaboración entre Estado y Generalitat para evitar duplicar recursos humanos", porque "las competencias de Seguridad Social (como la tramitación de altas y bajas) seguirán siendo del Estado, mientras que el permiso de trabajo será de la Generalitat -todavía no lo es- y la prevención de riesgos laborales es de la Generalitat".
Sobre este punto, concluyó que "no tiene sentido enviar tres inspectores diferentes a un mismo centro de trabajo" sino que hay que conseguir "que uno solo pueda revisar los tres aspectos".
Serna hizo hincapié en que "seremos más rigurosos e intensificaremos la inspección en los casos de empresas que no cumplen la ley", en especial en casos de siniestralidad y temporalidad elevadas.
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