El Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT negociarán en breve la entrada del sector privado, con ánimo de lucro, en la intermediación laboral, después de casi 30 años de gestión gratuita. Los tres interlocutores asumieron en la última reforma del mercado laboral consensuada (mayo 2006) regular en la presente legislatura las compañías de recolocación. El debate tendrá lugar en la comisión de seguimiento del proceso de diálogo social.
Las patronales ven con muy buenos ojos la medida y apuestan por una regulación flexible y libre. Son conscientes de que habrá empresas que se beneficiarán de la apertura. CCOO y UGT asumen la implantación de ese tipo de sociedades, si bien advierten de que no están dispuestas a que sea un “mecanismo truco” que amplíe la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT’s).
El Ministerio de Trabajo, por su parte, insiste en que cualquier compañía de recolocación operativa estará tutelada por el Servicio Público de Empleo (SPE), antiguo INEM. Sus responsables afirman que esta condición garantizará la ausencia de discriminación en las recolocaciones.
Rotundo fracaso
El INEM fue creado por Real Decreto-Ley en 1978 para gestionar la política de empleo, facilitar servicios gratuitos a los parados y formar a los desocupados. En 1995, el Gobierno de entonces, socialista como el actual, dio su visto bueno a las agencias privadas de colocación, que quedaron reguladas como entes que no podían obtener beneficios.
Desde sus comienzos el INEM fue un fracaso a la hora de casar ofertas y demandas. El papel de las agencias no mejoró la situación. En consecuencia, los sucesivos gobiernos han barajado legalizar las empresas privadas de recolocación, posibilidad rechazada de manera tajante por los sindicatos.
Después de intensos debates, recomendaciones de expertos en el mercado laboral, y de la experiencia de otros países, las opiniones en España han cambiado. Ahora, los agentes sociales se han comprometido por unanimidad a abrir la puerta a que ciertas empresas privadas que buscan rentabilidad económica con su actividad, actúen en la intermediación, pero en un ámbito muy determinado.
Actividad singular
Gobierno, empresarios y sindicatos entienden que la recolocación es una actividad singular, consistente en un conjunto de medidas que, aplicadas por personal especializado, busca reincorporar al mercado laboral a los trabajadores que han perdido involuntariamente su empleo. La Orden Ministerial definirá esta labor para que sea incluida en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, con una relación de puestos de trabajo y un registro de empresas del sector.
El objetivo de los programas de recolocación será ayudar al desempleado a encontrar un nuevo puesto, lo más adecuado a su perfil, aspiraciones y expectativas profesionales, en el menor tiempo posible. “En definitiva, se trata de instaurar unas empresas para que cumplan una determinada misión social”, remarcaron fuentes del Ministerio.
Trabajo mantiene que las empresas de recolocación se encargarán de una labor muy especializada, siempre bajo el control del SPE, organismo que no puede ocuparse de ella, porque carece de capacidad y porque su fin primordial es la atención a los parados en general. En este sentido, los sindicatos resaltan que no admitirán la regulación de las empresas privadas de colocación con ánimo de lucro, es decir, la existencia de unos servicios de empleo paralelos a los públicos, que cobren por casar ofertas y demandas laborales.
Otro efecto valorado por Gobierno, patronales y sindicatos es que las empresas de recolocación ayudarán a reducir la duración de las prestaciones de paro. Esta disminución permitirá al SPE un ahorro de varios cientos de millones de euros, que podrán dedicarse a otras actividades.
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