El comité de empresa de la fábrica de componentes de automoción Robert Bosch de Alcalá de Henares pidió ayer en la Asamblea el apoyo de la Comunidad de Madrid para evitar el cierre de la planta y su traslado a Aranjuez, lo que, según sus previsiones, supondría el cambio de ubicación de al menos 250 trabajadores, la jubilación forzosa de otros 152 y la pérdida de 200 puestos de trabajo indirectos.
En rueda de prensa junto al portavoz de Izquierda Unida (IU), Fernando Marín, el portavoz del comité de empresa Florencio Calle, de CC.OO., explicó que la planta de Alcalá de Henares, en la que trabajan 417 trabajadores, ha sido "la joya de la compañía en España" y que "tendría futuro si se encargara de fabricar una nueva válvula de inyección o mantuviera los niveles de fabricación de filtros que tenía en 1999".
Su compañero Manuel Moya señaló que el traslado a Aranjuez se enmarca en la estrategia de Robert Bosch de considerar que "España no es rentable y hay que marcharse", y pidió apoyo institucional para que "la empresa no se cierre" porque esa decisión constituiría "un primer paso para el cierre definitivo de todas las plantas en el año 2009".
IU EXIGE GARANTÍAS A LA COMUNIDAD
Marín expresó su solidaridad con estos trabajadores y anunció que el diputado Miguel Reneses dirigirá una pregunta en el próximo pleno de la Asamblea en la que exigirá al Gobierno regional que ofrezca "garantías" para evitar que "los trabajadores se queden en la calle" por una decisión que, según sospechó, podría estar relacionada con "la recalificación de los terrenos".
Tras recordar el caso de la empresa Piaggio, que "se marchó y dejó a los trabajadores en la calle tras recibir suelo público, recalificar sus terrenos y cobrar subvenciones de la Comunidad de Madrid", Marín advirtió del descenso del empleo que está registrando el sector industrial, en beneficio de la construcción y de los servicios. "Cuando haya problemas en la construcción habrá una crisis de empleo descomunal en la región", señaló.
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