La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha realizado en los últimos días una inspección de la maquinaria existente en la planta de Delphi de Puerto Real. Según informaron fuentes de la Delegación Provincial, el objetivo de la investigación realizada por esta Consejería, autoridad competente en esta materia, es conocer y actualizar el registro industrial relativo a la factoría para compararlo con el existente hasta ahora y de esa forma saber si este inmovilizado material se mantiene o si ha variado desde las últimas inspecciones.
De esta forma la Administración prosigue con estas pesquisas, tanto técnicas como administrativas y jurídicas, para conocer el estado de la empresa y valorar la posibilidad de emprender acciones legales por una presunta 'fuga' de activos pese a que se mantenían los incentivos públicos para mejorar su solvencia, como es el caso del último plan industrial acordado en 2005 y para el que la Junta comprometió un total de ayudas de 14,5 millones de euros.
Mientras tanto, la Junta sigue esperando a que la empresa 'mueva ficha' para poder empezar a negociar 'con algo encima de la mesa', según aseguró el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, que puntualizó que 'éste no es un conflicto al uso porque, aunque parezca absurdo, la empresa estadounidense todavía no ha dado ningún paso formal' del procedimiento legal de cierre. En este sentido, Bouza valoró como 'un paso importante' la proposición no de ley aprobada ayer por la unanimidad de los grupos políticos con representación en el Parlamento.
Este texto insta a la Junta y al Gobierno central a negociar para impedir el cierre y a exigir, en su caso, la devolución de ayudas públicas recibidas en los últimos años que hayan tenido un posible uso o destino indebidos. Ahora, al Ejecutivo autonómico 'le toca empezar a gestionarlo' para aplicar los cinco puntos del acuerdo parlamentario, entre los que también figura el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. Éste es el primer objetivo de la Junta, según aclaró Bouza, mientras que la búsqueda de empresas alternativas que pudieran adquirir las instalaciones ya formaría parte de una fase posterior de la actuación pública.
Esta matización llegó después de la reacción del secretario del Metal de Comisiones Obreras, Francisco Cárdenas, a la afirmación del consejero de Innovación, Francisco Vallejo, de que ya mantienen conversaciones con empresas para una posible adquisición del negocio. Cárdenas, que reprochó la falta de avances por parte de la Junta, apuntó que este sindicato ya planea dos convocatorias de protesta: una gran manifestación que podría convocarse para el viernes 23 de marzo y una huelga general que podría ser sólo de la industria de la Bahía o extensiva a todas las empresas. En cualquier caso, ambas iniciativas deberán ser consensuadas con el resto de fuerzas sindicales y aprobadas por el pleno del comité de empresa.
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