La multinacional Delphi calcula que las indemnizaciones que tendrá que abonar a los trabajadores de Puerto Real (Cádiz) por el cierre de las instalaciones ascenderán a 52 millones de euros, aunque la cantidad definitiva se conocerá cuando termine el procedimiento concursal al que la empresa se acogió el pasado martes.
Por otro lado, el ejecutivo autonómico se ha unido a los sindicatos en su lucha contra el cierre. Ambas partes crearán una mesa permanente de seguimiento y negociación para abordar acciones que permitan afrontar la crisis.
Entre estas iniciativas, y tras conocerse la solicitud de insolvencia presentada por la multinacional, no se descarta la adopción de medidas penales. Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, explicaron que la mesa se encargará de coordinar las actuaciones conjuntas y buscar “los recursos posibles” para exigir a la empresa y sus directivos “todas las responsabilidades penales” en el caso de que se confirmen supuestas irregularidades como el incumplimiento de la normativa laboral y del plan industrial que firmó con vigencia hasta 2010.
Los sindicatos reiteraron que no permitirán que se pierda ningún puesto de trabajo. Apuestan por la reimplantación de tejido industrial en la Bahía de Cádiz si, finalmente, Delphi cierra sus puertas, “dado que no existe otra alternativa”.
Proceso judicial
Asimismo, los servicios jurídicos de ambas formaciones y de la Junta estudian personarse en el proceso judicial tras la apertura del expediente de insolvencia por Delphi España en un juzgado mercantil de Cádiz, aunque esta decisión no supone que la actividad se paralice, según precisaron. La filial española ha tomado esta medida a causa del “continuo” deterioro de su situación patrimonial.
En este sentido, la mesa de negociación se coordinará a su vez con el Ejecutivo central y la embajada de Estados Unidos en España para organizar una reunión “al más alto nivel” con clientes e intermediarios de Delphi –como General Motors o Platinum Equity Inversiones- de forma que “se abran todos los contactos necesarios”. El responsable de UGT llegó a advertir a los directivos que “tienen que saber que Delphi no se irá de rositas si penal y legalmente se le puede meter mano”.
Por su parte, el dirigente de CC.OO se refirió a las movilizaciones previstas junto a sindicatos europeos y otras factorías andaluzas para las próximas semanas, y tras señalar que continuarán durante este mes, desveló la celebración de un “importante acto reivindicativo en Cádiz” el Primero de Mayo, día del Trabajo, y una huelga general en la Bahía. No obstante, matizó que este paro dependerá de la evolución del conflicto.
Mientras tanto, el consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, tachó la solicitud de suspensión de pagos como una “trampa” que sólo persigue “la extinción de los contratos” en Puerto Real. Lamentó que se haga un “uso torticero” de la normativa, y consideró que dicho procedimiento “no tiene los supuestos que la legalidad”, ya que “la supuesta existencia de deuda es a nivel de grupo”, y las cuentas “deben ser del grupo de empresas y no de la unidad productiva de Puerto Real”.
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