Adoptará la forma de Real Decreto e incorporará una fórmula por la que el Gobierno financiará una salida digna del mercado laboral a miles de trabajadores de más de 55 años en los cuatro sectores tradicionales más castigados por el endurecimiento de la competencia global, y especialmente por la irrupción de productos asiáticos: El textil/confección, calzado/piel (curtido y marroquinería), juguete y mueble.
Oficialmente no se va a dar pie para que esta iniciativa, que negocian los ministerios de Trabajo e Industria con empresarios y sindicatos, se describa como una prejubilación masiva de las plantillas mayores de 55 años en estas industrias. De hecho, el Gobierno no está dispuesto a que se explique así esta iniciativa.
Sin embargo, la realidad es que el itinerario de salida del mercado laboral que se recogerá en el futuro Real Decreto -una parte común a todos los sectores y otra especializada- inclina a pensar en que de hecho ese resultará su principal efecto.
El secretario estatal de FIA-UGT, José Mesa, explica que para los trabajadores mayores de 55 años que pierdan su empleo se articularán, por un lado, una serie de políticas activas de recolocación, que incluirán mecanismos para bonificar a las empresas que los contraten.
Por otro lado, se prepara un programa de ayudas especiales que constituyen la gran aportación del nuevo Real Decreto. Estas aportaciones se iniciarán a partir de los 24 meses de la pérdida del puesto de trabajo, cuando se haya agotado la prestación por desempleo.
Dos aportaciones
A partir de ese momento, los trabajadores recibirán dos tipos de aportaciones del Estado: El subsidio por desempleo (que se acercará al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) y una renta de 3.000 euros anuales hasta que cumplan los 61 años, momento en el que se prejubilarán anticipadamente.
Una de las cuestiones más complicadas era la de hacer compatible el subsidio por desempleo con la renta que percibirán los trabajadores del Estado, porque la legislación no permite que un desempleado cobre el subsidio si está cobrando rentas. En cuanto al cálculo de la edad, en un primer momento se habló de octubre de 2006 como fecha de inicio, pero podría ser modificada.
Si la empresa no puede pagar el convenio especial con la Seguridad Social para mantener el nivel de cotización, que es una de las claras reivindicaciones de los sindicatos, el Estado se comprometerá a abonar los alrededor de 350 euros mensuales que viene a representar de media. De este modo se garantizará que los trabajadores, al prejubilarse, recibirán la renta a la que habrían tenido derecho de haber seguido percibiendo sus remuneraciones con normalidad en su empresa, según Mesa.
El acuerdo está prácticamente cerrado. Una de las claves para comprenderlo es que se basa en una normativa de la Unión Europea sobre ayudas a sectores en situación grave, impulsada tras verificarse el durísimo impacto comercial que la apertura de fronteras ha tenido en determinadas partes de la industria tradicional europea, especialmente en textil/confección, calzado/piel, juguete y mueble. Los requerimientos de Bruselas explicarían que se haya optado por una única norma para todos ellos.
El secretario estatal de FIA apunta que el texto el nuevo Real Decreto aún está siendo objeto de negociación, sobre todo en la parte correspondiente al calzado/piel. Tanto en este caso como en el del mueble y el juguete se habla de incorporar cuantías adicionales a los 3.000 euros de renta anual que se sumará al subsidio por desempleo, así como del procedimiento.
De hecho, esta cuestión, la de la forma de aplicar las ayudas, no es menor. Mesa explica que en el caso del textil hay un referente claro en los acuerdos de mediados del año pasado y en los convenios autonómicos para desarrollar su plan estatal. Sin embargo, «en otros sectores habrá que plantear cómo se negocia».
El Gobierno ha garantizado a los agentes sociales que habrá financiación suficiente para hacer realidad el contenido del nuevo Real Decreto. De modo que éste nacerá sin una cuantía inicial, según el responsable de UGT.
Empresarios y sindicatos han coincidido en la necesidad de un plan como este.
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