La Confederación Europea de Sindicatos (CES) defendió hoy la necesidad de "contar con la dimensión internacional" en el problema derivado del anuncio de cierre de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz), por lo que hizo un llamamiento a la "solidaridad" de los trabajadores de la UE, que "no deben sentirse apartados unos de otros porque pueden estar en la lista más tarde". Asimismo, exigió a la multinacional estadounidense que "cumpla" con su responsabilidad social corporativa (RSC).
Preguntado por los periodistas en Sevilla, donde compareció en rueda de prensa junto al secretario general de UGT y presidente de la CES, Cándido Méndez, el secretario general de la CES, John Monks, dijo sentirse "muy solidario" con este conflicto, en el que "debemos estar siempre en el frente".
Monks, que recordó que la compañía cuenta con otras plantas en Europa y Estados Unidos, abogó por lanzar un "mensaje sindical claro de que esta manera de actuar no es de recibo" y brindó el apoyo de la CES a los sindicatos españoles "para que esta empresa no crea que puede actuar en España y en Europa como Estados Unidos en el pasado, como si no hubiera leyes".
En concreto, recalcó que Delphi, que tiene que "sentarse a negociar", ha recibido ayudas públicas y "le toca ayudar, cumpliendo con su deber, con su responsabilidad social" puesto que, según destacó, "no puede recoger sus cosas y marcharse; no tiene ningún lugar donde esconderse".
"DEBE DEJAR ALGO"
Remarcó que la compañía no puede decir que, tras beneficiarse de subvenciones que le han "ayudado a crecer", se traslada a "aprovecharse del dinero" de otros gobiernos y sostuvo que "debe dejar algo aquí", como el centro de I+D o aquello que "va más aparejado con un lugar más próspero".
Preguntado sobre el problema de la deslocalización, el secretario general de la CES apuntó que uno de los "desafíos" del movimiento sindical europeo se centra en "cómo tener una respuesta sindicada cuando existen diferencias entre el nivel de vida de España y Polonia", por ejemplo. Así, admitió que se producen traslados a países más baratos, pero advirtió de que éstos también "despegan con el paso del tiempo". Por ello, aseveró que "no estamos de acuerdo con que las empresas digan que se marchan".
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, subrayó que el sindicato seguirá manteniendo "la guardia muy alta" en este problema, siguiendo con la "presión y la movilización de una forma firme y eficaz para que Delphi no se salga con la suya y mantenga la actividad productiva", tras lo que recordó la protesta convocada el próximo 12 de abril y la huelga general del 18 de abril en la Bahía.
Méndez hizo un llamamiento a "la unidad y la coordinación" entre sindicatos y administraciones públicas, "sean del rango y del partido político que sean" frente al "adversario, que es la multinacional". "El problema es muy serio y el objetivo a compartir por todos es defender los 1.600 puestos de trabajo directos", recalcó.
A preguntas de los periodistas, acerca de si existe alguna vía legal que impida las deslocalizaciones de multinacionales hacia otros países dentro de la UE, el dirigente sindical apuntó que en el marco de la UE esta situación "es difícil, porque está consagrada la libre circulación de capitales". En este sentido, señaló que no existe una directiva en esta materia y, aunque admitió que se podría plantear, consideró que "habría dificultades para poner de acuerdos a distintos países porque unos se creerían perjudicados y otros potencialmente beneficiados" ante una situación de deslocalización.
Por este motivo, dijo que la "alternativa" es exigir que se cumpla la legalidad e incidió en la necesidad de que, en primer lugar, la multinacional estadounidense cumpla la normativa y, en segundo lugar, "seguir presionando para que no se produzca el cierre".
FONDO COMPENSATORIO EN UE
Asimismo, Méndez señaló que "más allá de la exigencia de la legalidad", a nivel europeo existe un "fondo compensatorio" para contrarrestar el efecto de las deslocalizaciones, que consideró que asciende a unos 500 millones de euros en el marco financiero 2007-2013, si bien declinó estimar a qué cantidad podría aspirar España ante la posible marcha de Delphi porque "no me quiero poner en esa hipótesis; sólo exigimos el mantenimiento de la actividad productiva".
También coincidió con Monks en que "el camino es exigir el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa a las compañías", que se deben "comprometer con el entorno en el cual han recibido ayudas públicas y han obtenido beneficios", con el mantenimiento de las plantillas. "Se puede plantear, en caso de abandono de la actividad, la devolución de las ayudas públicas, y lo hemos planteado en situaciones sindicales, pero en este momento, el objetivo debe ser mantener firmemente la actividad productiva y el empleo y no manejar otras alternativas", concluyó.
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