Dos autobuses con ex trabajadores de las plantas cárnicas de Primayor de Zaragoza y de Albacete arribaron ayer por la mañana a la capital segoviana. No se trataba de una visita de cortesía ni turística al Acueducto. Desde el primer momento, cerca de un centenar de personas se concentraron en la estación de autobuses. El reloj marcaba cinco minutos menos de las doce del mediodía. La marcha prevista para protestar contra el grupo agroalimentario Proinserga, con sede en Segovia, iba a arrancar. Pero faltaba gente.
Una pequeña representación regional y provincial de Comisiones Obreras (CC. OO.) se unió a la manifestación con el lamento quejoso de la ausencia de los trabajadores de la fábrica de productos cárnicos de Segovia, Alresa. El secretario provincial segoviano de la central sindical, Ignacio Velasco, echó de menos la presencia y el apoyo del personal de la popular 'choricera' segoviana, parte de cuyos operarios pueden estar en la misma situación que sus compañeros de Primayor Zaragoza en breve, si no se solucionan los problemas financieros que arrastra Proinserga. O lo que es lo mismo, terminar en la calle.
'La situación es penosa', aseguró el secretario regional de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras Castilla y León. Félix González del Val no solo se refería a la espada que pende sobre Alresa de la pérdida de empleos, sino a la desunión existente entre afectados y que ayer quedó patente en el desarrollo de la concentración organizada por el comité de empresa de Primayor Zaragoza.
Durante la protesta se pudieron escuchar gritos contra la ausencia de la plantilla de la 'choricera' segoviana. Los manifestantes reclamaban a los cuatro vientos, entre pitidos y cohetes, dónde estaban sus compañeros de Segovia. 'Cada uno va a lo suyo', se quejaba el representante del comité de empresa aragonés.
Más comedido se mostró el secretario regional de la Federación Agroalimentaria de CC. OO., quien destacó que la 'falta de unidad entre Zaragoza y Segovia deja en el aire el futuro de las plantillas'. De momento, el horizonte de los ya ex trabajadores zaragozanos es 'muy negro', dijo González del Val.
El representante sindical castellano y leonés auguró un desenlace complicado para Alresa, ya que la situación actual es 'preocupante'. Recordó que de Proinserga dependen más de ochocientos empleos en la comunidad autónoma. El grupo segoviano, líder en el sector porcino y principal empresa de la provincia, ya anunció que cabía la posibilidad de una reestructuración de la planta de productos cárnicos, aunque los términos deben incluirse en el plan de viabilidad que han de presentar a la Junta de Castilla y León.
Este documento todavía no está en manos de la Administración autonómica, según indicó González del Val, lo que significa que, de momento, el Ejecutivo autonómico no aprobará el apoyo financiero que el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Valín prometió.
Hay dos líneas de ayuda abiertas para Proinserga, pero su objetivo no es el de cubrir las deudas del grupo segoviano, como aclaró el titular autonómico. Valín fue rotundo a la hora de explicar las condiciones que deberían de darse para que la Junta dé luz verde a ese apoyo financiero, cuyo montante global asciende a cuarenta millones de euros. El primer pago sería de diez millones.
Responsables de Proinserga auguran esperanzados que esta inyección se produzca la próxima semana, ya que trabajan contrarreloj para presentar el plan de viabilidad y la auditoría externa, documentos que a día de ayer no disponía la Junta de Castilla y León, como señalaron fuentes de Comisiones Obreras.
El representante de la Federación Agroalimentaria del sindicato era pesimista, sobre todo porque la desunión entre las plantas cárnicas de Zaragoza y Segovia escenificada ayer favorece los intereses de Proinserga en su intención de reestructurar la empresa, lo que podría llevar aparejado un recorte de plantilla en el caso de Alresa, sospechan en la factoría.
'La Junta de Castilla y León subvenciona a Proinserga para cerrar centros y no pagar indemnizaciones' fue el lema de la pancarta que presidió la marcha de protesta que desembocó en la plaza del Azoguejo.
El representante aragonés, Fernando Arnau, era explícito: 'Nos han echado a la calle por una mala gestión'. En diciembre del año pasado recibieron la carta de despido. Después, se firmó un convenio para pactar una indemnización de cuatro millones de euros que todavía no se ha hecho efectiva tras cinco meses de espera.
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