El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, mostró ayer su sorpresa por el anuncio de cierre de la fábrica de Bacardi España en la capital malagueña, que no ha sido comunicado por la empresa a la Consejería de Empleo.
Marcos manifestó a Efe que esta decisión 'ha cogido por sorpresa tanto a administraciones como a trabajadores', y lamentó que Bacardi no se haya dirigido a la Junta.
En su opinión, 'más allá de que la empresa tenga sus motivos, es muy triste' el desmantelamiento de la planta, ya que 'los trabajadores se quedan en el paro'.
La Junta carece aún de notificación sobre una posible suspensión de pagos y expediente de regulación de empleo en dicha planta, que en su caso deberá comunicar para cumplir la legislación laboral, explicó.
No obstante, el delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, tiene previsto dirigirse a la empresa para interesarse por esta noticia y 'tomar cartas en el asunto', según Marcos.
Comisiones Obreras calificó ayer el desmantelamiento de las instalaciones de Bacardi como 'un error' y aseguró que no existen razones para trasladar la planta de embotellado ya que 'está dando beneficios gracias a su alta productividad'.
Para el sindicato, el traslado de la planta a Mollet del Vallés (Barcelona) no está justificado porque la factoría de Málaga 'está rindiendo al máximo, está siendo muy productiva y sumando múltiples beneficios al capital de la empresa'.
El comité de empresa, CCOO y la dirección de Bacardi España acordaron establecer un calendario de negociaciones para analizar la situación y las condiciones de los 68 trabajadores afectados.
El lunes, además de este encuentro, se celebrará una asamblea para informar a los empleados sobre la situación de la planta de embotellado y para debatir sobre el futuro de sus puestos de trabajo.
Bacardi España comunicó el pasado jueves al Ayuntamiento de Málaga su decisión de cerrar sus instalaciones, consistentes en una factoría de elaboración de ron y un centro administrativo.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó que el gobierno local 'no comparte la decisión de la empresa', por lo que se opondrá a ella, y envió una carta al director general de la sociedad para pedirle que reconsidere su actuación.
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