El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, consideró que la multinacional norteamericana Delphi debe llegar a un acuerdo con los sindicatos andaluces sobre la factoría de Puerto Real (Cádiz), al igual que ya alcanzó un acuerdo con los sindicatos en Estados Unidos.
El consejero recordó que en estos momentos la Junta está "como invitado" y consideró que se debe alcanzar un acuerdo entre la empresa, los trabajadores y la administración concursal, con la juez con todas las competencias.
Fernández se refirió al acercamiento de Delphi hacia los sindicatos norteamericanos en relación con el levantamiento de la suspensión de pagos en Estados Unidos, "una posición y un antecedente que debería ser trasladado también al expediente que mantiene en España".
"Delphi ha llegado a acuerdos en Norteamérica y debe llegar a acuerdos en Cádiz", añadió el consejero, para el que sobre el contenido de ese acuerdo "las partes son libres y soberanas, ya sea sobre la extinción, suspensión de empleos y viabilidad de activos; en la mesa están todas las opciones abiertas".
Tras reiterar que es la empresa la que debe ofrecer soluciones, el consejero instó a las partes a "retomar o fijar como posición la del acuerdo, pues si es posible en Estados Unidos debería ser posible en Puerto Real".
Aunque recordó que la factoría puertorrealeña "no se ha cerrado y los trabajadores siguen cobrando sus percepciones salariales", el consejero consideró "lógica" la actitud de los trabajadores en un conflicto "que lleva más de cuatro meses sin ver que la empresa cambie de posición, eso incide en la credibilidad".
"Creemos que el entorno y el antecedente de la propia Delphi y sus actos en Norteamérica deben ser vinculantes, no sólo moralmente, y no sería entendible llegar a un acuerdo con los sindicatos norteamericanos y negarle ese acuerdo a Puerto Real", agregó el consejero, que cree que "sería deseable que de verdad empezáramos a arreglar los diversos puntos que permitieran el acuerdo".
Explicó que la juez "es la que lleva el control" del proceso actualmente y recordó que entre el 3 y 4 de julio acaban los 30 días de plazo para la consulta y negociación "aunque ese plazo puede ser ampliable si la autoridad judicial ve que las partes se ponen de acuerdo". Posteriormente se elaborarán los informes correspondientes, entre ellos uno de la Junta, y la juez después resolverá, o bien aceptando la petición de la empresa o bien desestimándola.
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