Los dirigentes de las federaciones agroalimentarias de CC. OO. y UGT de Castilla y León propusieron ayer a los directivos del grupo Proinserga la posibilidad de suspender, durante un máximo de tres meses, los contratos de empleo de los trabajadores afectados por el plan de choque diseñado para salvar la crisis financiera que atenaza a la principal compañía segoviana y segunda de España en producción y comercialización de ganado porcino.
Esta propuesta es alternativa a la inmediata discusión de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados por la empresa y que afectarían, según sus planes, a 48 trabajadores de la fábrica de piensos de Fuentepelayo y a 128 operarios de Primayor Elaborados, la factoría de productos cárnicos de Segovia conocida como 'la choricera'.
Con ella, los sindicatos persiguen una moratoria de tres meses durante los cuales buscar alternativas laborales a los trabajadores afectados, tarea en la que deben implicarse todas las administraciones públicas. Además, durante este periodo, los suspendidos de empleo percibirían la prestación de desempleo.
La alternativa lleva implícita la aceptación por la parte sindical de los expedientes de regulación, del plan de choque para los próximos seis meses y del de viabilidad de los próximos cinco años, condicionada a la aceptación de los tres meses de moratoria.
La propuesta fue presentada ayer en el transcurso de la negociación iniciada a las 10.30 horas en la sede de la Consejería de Economía, que se inició con la presencia del viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta, y que prosiguió entre empresa y sindicatos en sesiones de mañana y tarde. Hasta las 15.30 horas la primera y entre las 17.30 y las 20.30 horas, la segunda.
Los representantes del grupo Proinserga darán hoy una respuesta a la alternativa de los sindicatos, aunque estos no dudan que acabará siendo aceptada dado que la necesidad del acuerdo viene determinada por ser la última condición impuesta por la Junta de Castilla y León para liberar el primero de los avales, de diez millones de euros, que alivie la crisis de la compañía y le permita afrontar el plan de choque.
Ley Concursal
De aceptarse, el acuerdo sería presentado ante al Juzgado de lo Mercantil de Segovia que tramita los procesos concursales de ocho empresas del grupo.Y es que, cualquier solución debe ser aceptada por los administradores designados por el juez, dado que la marcha de las empresas está sometida la Ley Concursal, que no permite que su actividad genere pérdidas durante el tiempo que dure la intervención para no perjudicar los intereses de los acreedores. «Se trata de que la actividad no cueste dinero», en palabras de uno de los ocho administradores designados por el juez, que han decidido repartirse las responsabilidades conjuntas que afectan a las ocho empresas. Tres de ellos han asumido, entre otras, las relativas a los expedientes de regulación de empleo.
Momento crítico
La situación está en un momento crítico, según reconocen todas las partes. Hasta el punto de que si el acuerdo laboral no permite que la actividad se mantenga sin pérdidas, los administradores judiciales podrían decidir el cese de la producción y la consecuente extinción de todos los contratos.
Lo mismo pasaría en el caso de que la Junta de Castilla y León siguiera remisa a liberar los avales necesarios para poner en marcha el plan de choque que los directivos del grupo han diseñado para los seis próximos meses, al que seguiría un plan de viabilidad de cinco años de duración, al que también habrían de dar luz verde los administradores judiciales. Estos se reunirán el jueves a las 11.00 horas con responsables de la Junta de Castilla y León en la sede de la Consejería de Agricultura. Mañana acuden a la sede de Castileón, en Guardo, y ya han visitado varias empresas en Lérida, Jaén y Albacete de Primayor Foods, del grupo Proinserga, también en proceso concursal.
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