La presidente del comité de empresa de la fábrica de loza de San Claudio, María José Mon, acusó ayer a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral del Principado de "lavarse las manos" en el informe que envió al juez y manifestó que la situación que atraviesan los trabajadores de la locería es provocada por el propietario Álvaro Ruiz de Alda "con la complicidad del Principado y del magistrado".
Mon realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa que ofreció ayer en la sede de CC.OO de Asturias junto a José Muñiz, del sindicato Fiteqa-CC.OO y Valentín Prieto, responsable de MCA-UGT para comentar la decisión del juzgado de lo Mercantil de Oviedo que autorizó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la fábrica de loza de San Claudio solicitado por el empresario Álvaro Ruiz de Alda.
El expediente prevé el mantenimiento de 43 puestos de trabajo propuestos por la empresa además de nueve trabajadores hasta que alcancen la edad de 55 años precisa para acceder a la prejubilación prevista para 2008 y 2009. La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de 139 trabajadores.
Para María José Mon, la empresa con 43 trabajadores, de los cuales tan solo 29 estarán en el departamento de producción, "no tiene ningún futuro" y añadió que la función de las personas que continúen en la empresa será la de "cargar y descargar" el barro procedente de Portugal.
RECOLOCACIONES
El comité de empresa informó ayer que mantendrán una reunión con el Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, para hablar de las recolocaciones para "amortiguar" el golpe que e da a 51 trabajadores que se quedan en la calle al no entrar en el cupo de las prejubilaciones.
Mon explicó ayer que la "gran mayoría" de los trabajadores no quieren las prejubilaciones porque el sueldo se queda en un 75 por ciento. "Esto no es como en Hunosa o en la banca privada en que los trabajadores se prejubilan con el 100 por ciento", añadió Mon. Además, La presidente del comité de empresa dejó claro que hay matrimonios que trabajan en la locería por lo que el dinero que entra en casa es sólo el de la fábrica.
Por su parte, José Muñiz, del sindicato Fiteqa-CC.OO manifestó que los trabajadores continuarán con la lucha y mantuvo que el auto del juez es contradictorio con la declaración del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) del entrono y de los bienes muebles de la factoría.
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