En sólo cuatro años, el Colegio de Médicos de Alicante ha gastado más de 500.000 euros en indemnizar a la mitad de los trabajadores de su antigua plantilla. Desde conserjes, ordenanzas, auxiliares administrativos, comerciales…
En total se han llevado a cabo diez despidos improcedentes -de cerca de una veintena de trabajadores- que en algunos casos han afectado a los empleados que más tiempo llevaban vinculados a la institución. Algunos de ellos estaban más de 30 años en la empresa. Y es que, según los afectados, la situación es 'tan insostenible' que una trabajadora ya ha presentado una demanda por un presunto caso de mobbing o acoso laboral.
Según denuncian los ex empleados, los enfrentamientos comenzaron con la llegada al colegio de José Manuel Coloma en enero de 2002. Tres meses después era designado gerente y una trabajadora fue la primera en sufrir los cambios en la institución dirigida por el ginecólogo Ricardo Ferré.
María Ángeles Jiménez, ex secretaria y entonces persona de máxima confianza de Ferré, recuerda que esta empleada presentó una demanda por acoso moral que finalmente perdió. Coloma llevaba poco tiempo en el colegio y no se pudieron demostrar los hechos. A sus 65 años, la afectada decidió jubilarse pese a podía prorrogar su periodo laboral cinco años más.
Sin embargo, en 2003 se producía el primer despido improcedente de un oficial mayor. Los afectados aseguran que desde entonces éste ha sido el proceder de Coloma: 'Dejaba sin contenido nuestro trabajo', en algunos casos con cambios de puestos laborales, 'y siempre con malas formas, machacándonos. Era un acoso constante, una situación insostenible que llevaba a bajas por depresión porque lograba que algunos dudásemos de nuestra capacidad laboral'.
A ninguno de los despedidos se les había abierto anteriormente algún expediente por faltas que pudieran justificar los ceses, aseguran los ex trabajadores, quienes añaden que la junta directiva se limitaba a aprobar y comunicar los despidos. En cuatro casos, los afectados estaban de baja, por lo que recibieron la noticia a través de un burofax.
En febrero de 2004 continuó el goteo de despidos. Una trabajadora que estaba en la sección de siniestros fue la siguiente de la lista, pero los ceses también afectaron a dos ordenanzas (uno de ellos con 40 años de antigüedad), un conserje, una administrativa… Hasta diez. Y siempre, según dicen, sin ninguna justificación.
María Ángeles Jiménez sí que pidió explicaciones a través de una carta. Pero la contestación fue la misma: '(…) se le notifica que la Junta considera su despido improcedente y, en consecuencia, tiene usted derecho a percibir la indemnización establecida legalmente para este caso, que consiste en una cantidad equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio'. El último caso ha sido el de una trabajadora que presentó el pasado 13 de septiembre una demanda por un presunto caso de acoso laboral.
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