El delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Álvaro Julio, y su homólogo en la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, reconocieron ayer su frustración ante el rechazo de los ex mineros de Boliden, la empresa gestora de la mina siniestrada en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, al un acuerdo "sin precedentes" propuesto por la Junta para que el colectivo de trabajadores gozara de empleo "estable e indefinido" tras el conflicto desencadenado al resolver la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) 22 de sus contratos.
Según indicó Julio, los ex mineros rechazaron un documento "magnífico" que recogía medidas con más garantías incluso que el protocolo firmado en 2002. Este Plan de Recolocación, según indicó Fernández, recogía que antes del 31 de diciembre la Junta garantizará "al menos" 75 puestos de trabajos estables que se materializarían durante 2008 al ser indefinidos, "algo que al parecer los mineros no quieren".
La Junta también propuso que los empleos se adecuarían a la categoría y cualificación profesional de cada trabajador, algo que garantizaría unos niveles de ingresos con una renta "justa" y equivalente al salario que viniesen percibiendo en la actualidad. Según el delegado de Innovación, los ex mineros también han rechazado empleos indefinidos en aquellos puestos necesarios para las labores de mantenimiento de la mina de Aznalcóllar.
Con la negativa ante las propuestas de la Junta, los trabajadores también han perdido, según el delegado, garantías de formación en las empresas en las que trabajasen, e "incluso han rechazado" que si el 31 de diciembre de 2008 alguno de ellos no hubiese recibido una oferta de trabajo estable, se tomarían medidas legales que garantizasen que no quedara en situación de especial desprotección.
Asimismo, Fernández lamentó que después del "duro" esfuerzo realizado de forma exclusiva para los ex mineros, se sienten "defraudados", más aún cuando la Junta "siempre ha cumplido el protocolo en todos sus términos y ha mostrado claros compromisos".
Por su parte, el delegado de Empleo, Antonio Rivas, matizó que la Junta se ha esforzado en buscar una solución, pero los ex mineros "tienen que ayudarnos a encontrar sus empleos", a lo que añadió que, tras reflexionar "mucho" no se entiende por qué rechazaron la propuesta, algo que "nos ha sorprendido y ante lo que nos sentimos tremendamente frustrados", al haber ofrecido mejoras novedosas y con garantías aún mayores a las de 2002.
En referencia a los "desencuentros" entre los delegados de Innovación, Ciencia y Empresa y Empleo a los que apuntaban los ex mineros, Rivas aclaró que habían tenido algunas discrepancias, pero siempre en favor de los trabajadores. A pesar de ello, el delegado afirmó que han tenido una "voz única" durante todo el proceso ante el colectivo y los "pequeñas" críticas entre ellos han sido las habituales y "velando siempre por las garantías de los mineros".
De este modo, Rivas añadió que el Gobierno andaluz ha llegado "más allá" en esta negociación y se preguntó cuántas empresas cierran en Sevilla y cuántos trabajadores se van al paro sin cobran ni siquiera indemnizaciones, por lo que deben colaborar con la Junta aceptando las medidas propuestas.
Por último, el delegado de Empleo aclaró que pretenden dar a conocer a los trabajadores las empresas posibles para la recolocación una vez firmado el acuerdo, para así llevar a cabo una posterior reunión conjunta de las empresas, los trabajadores y la Junta y así negociar y acordar las condiciones entre todos. Rivas insistió así en que "no pretendemos hacer nada a espaldas de los trabajadores como ellos dicen" sin razón alguna, puesto que "incluso ya le hemos adelantado algunos nombres aunque sin comunicarlo públicamente hasta que se llegase a un acuerdo".
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