El portavoz del colectivo de ex trabajadores eventuales de Delphi, Jesús Dávila, criticó hoy que la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz aún no ha hecho público el censo de quienes se beneficiarán de los planes de formación y recolocación para los afectados por el cierre de la multinacional, algo que, a su juicio, "demuestra su falta de interés".
En declaraciones a Europa Press, Dávila subrayó que Empleo "se comprometió hacer pública la lista el pasado día 2" y consideró que "teniendo los expedientes, lo único que tenían que hacer era mirar la vida laboral", para lo que "han tenido tiempo de sobra".
En este sentido, reiteró que este hecho responde a una "falta de interés" y que supone "una discriminación más a este colectivo". Además, señaló que continúan pendientes de fijar fecha para celebrar una reunión, "probablemente esta semana", con el consejero de Empleo, Antonio Fernández, que esperan "subsane la situación".
UN CENTENAR DE JUICIOS
Por otra parte, el portavoz de los eventuales explicó que hoy se celebran en los juzgados de Cádiz 58 juicios de las 176 demandas presentadas por este colectivo contra Delphi, el Servicio Público de Empleo y el antiguo comité de empresa de la factoría por "haber vulnerado los derechos fundamentales del trabajador, por discriminación y contratación en fraude de ley".
Los juicios se prolongarán hasta enero de 2008 y, en dos jornadas anteriores, quedaron vistos para sentencia un total de 42, con lo que después de hoy alcanzan el centenar.
Dávila explicó que los demandantes pretenden "una declarativa de derechos" por haberse vulnerados sus derechos como trabajadores, ya que jurídicamente están "fuera de plazo y el fraude ha prescrito" porque la ley establece un plazo de 20 días desde la extinción del contrato.
El portavoz criticó la "discriminación" que sufrió el colectivo dentro de la multinacional, que "durante trece años" contrataba a un trabajador durante seis meses y luego era sustituido por otro eventual el resto del año, con lo que "se encubría una producción estable, ya que ellos contrataban para una producción circunstancial".
En este sentido, Delphi sería el principal imputado, aunque también responsabilizan al comité de empresa y al Servicio Público de Empleo, por "consentir y no vigilar la contratación, con lo que han sido partícipes de esta vulneración de derechos".
Si la justicia falla a favor de este colectivo, podrían obtener indemnizaciones de hasta 6.000 euros y demostrarían "la vulneración de derechos, la discriminación sufrida en la planta" y, además, "en función de lo que han dicho los agentes implicados", pasarían a formar parte de todos los planes puestos en marcha para paliar los efectos del cierre de Delphi "a la misma altura que el colectivo de ex trabajadores fijos", explicó.
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