La Asociación de Trabajadores de Sintel interpondrá hoy recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Santiago Pedraz, que archivó la causa contra cinco directivos de Telefónica y otros 11 imputados por el vaciamiento patrimonial de Sintel en 2001 realizado con la venta y posterior quiebra de la empresa, según informó la asociación en un comunicado.
A la vez, manifestaron sus "sospechas" de la existencia de "presiones al más alto nivel de los poderes económicos y políticos". Asimismo, los trabajadores mantendrán en su escrito de acusación, pendiente de presentar, la imputación de todos ellos, además de la del ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, por presuntos delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.
Pedraz dictaminó mediante auto de 12 de diciembre sobreseer la acusación contra 11 acusados del entorno de Sintel, así como contra Cándido Velázquez el presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996; el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz; el secretario general en tiempos de Juan Villalonga, José María Mas Millet, y su vicesecretario general, Diego Luis Lozano Romeral. También archivó la causa contra el apoderado general de la empresa, Luis Ángel Casado Carrasco.
En otro auto dictado al mismo tiempo, Pedraz mantuvo la imputación contra ocho de los 24 imputados por la Fiscalía Anticorrupción, contra los que "continúa con las actuaciones" dentro del procedimiento abreviado. Los principales acusados son los hermanos Jorge y Juan Carlos Mas Santos, ex presidente y ex consejero de la filial de Telefónica.
El juez emitió estos autos después de que el fiscal del caso mandara el mes pasado su escrito definitivo de acusación, en el que pedía la imputación de estas 24 personas, y antes de que la acusación de los trabajadores envíe su escrito de acusación. Tras este trámite decidirá si abre o no juicio oral. Las partes se enteraron de la decisión del juez a través de la prensa.
RETRASO DEL PLAN SOCIAL.
En el mismo comunicado, la asociación anuncia la convocatoria de la asamblea general anual para el "próximo mes de enero". La reunión, que se iba a celebrar durante este mes, se ha retrasado hasta enero debido a la tardanza por parte del Gobierno de las bases jurídicas de cumplimiento del Plan Social pactado entre las partes en las reuniones mantenidas desde el pasado mes de junio. El punto principal de la asamblea era debatir el acuerdo.
El secretario general de Empleo, Antonio González, en representación del Ministerio de Trabajo, se comprometió a que "antes del fin de 2007" dicho paquete de medidas estaría articulado jurídicamente y aprobado en el Consejo de Ministros para su desarrollo a lo largo de 2008.
El paquete de medidas acordado en la comisión negociadora presidida por González resolverá "gran parte" de los problemas causados a los 1.800 trabajadores de Sintel derivadas del incumplimiento del acuerdo firmado en agosto de 2001 con el entonces Gobierno del PP y que provocó el desmantelamiento del campamento de La Castellana, explicó la asociación.
Los cinco puntos esenciales del acuerdo recogen la actualización de las bases de cotización a la Seguridad Social, ayudas al empleo para las empresas y organismo que faciliten la incorporación laboral de los desempleados, ayudas sociales dirigidas a los trabajadores desempleados y en condiciones de precariedad y medidas especiales de protección social para los empleados que por su edad no puedan acceder al mercado laboral.
Por último las medidas incluyen el pago de las aportaciones económicas que faltan por desembolsar del ERE aprobado en 2001, así como el pago de las indemnizaciones y el plan de pensiones que, después de los seis años de la quiebra de Sintel, quedan sin cobrar.
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