El portavoz de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, denunció ayer que en España 'no existe la Justicia para los delitos económicos' y que, en este sentido, 'no funciona el Estado de derecho'. La asociación celebrará su asamblea general anual el próximo 19 de enero en Madrid sin ver cumplido el compromiso del Ministerio de Trabajo para aprobar el Plan Social.
Jiménez realizó estas declaraciones a Europa Press después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá los autos dictados por el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archivaron el pasado mes las actuaciones contra 16 de los 24 imputados en el 'caso Sintel' justo antes de la apertura de juicio oral.
Entre las imputaciones archivadas se encuentran 5 antiguos directivos de Telefónica y 11 relacionados con Sintel. Entre ellos se encuentra Cándido Velázquez, presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996 y el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz.
El portavoz de los más de 1.800 trabajadores despedidos calificó este hecho de 'auténtico escándalo' y de 'demostración brutal' de las presiones 'político-económicas' que existen en España sobre la Justicia. 'Alguien impide a la Fiscalía que recurra porque hay auténtico delito', afirmó.
Anticorrupción presentó el pasado mes de noviembre su informe de acusación definitivo en el que pidió la imputación de 24 altos cargos de Sintel y de Telefónica por presuntos delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible por su participación en el vaciamiento patrimonial de Sintel que se saldó en 2001 con un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.
Ahora, los trabajadores, principal acusación particular en la causa, son la única parte personada en el proceso que ha presentado recurso de apelación. La otra acusación particular, representante de unos 40 trabajadores, presentó recurso de reposición. 'Continuaremos a pesar de nuestra debilidad', corroboró Jiménez.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE TRABAJO.
Jiménez anunció que la asamblea general de 2007, que iba a tener lugar en diciembre, se celebrará el próximo 19 de enero en Madrid debido a que el Gobierno no ha cumplido la promesa de aprobar antes del fin de 2007 el incumplido Plan Social de los trabajadores. Este plan se firmó en agosto de 2001 con el entonces Gobierno del PP y motivó el desmantelamiento del campamento del Paseo de la Castellana.
'El punto principal de la asamblea era debatir el acuerdo adoptado', apuntó Jiménez. Desde el pasado mes de junio, los trabajadores han mantenido numerosas reuniones con el secretario general de Empleo, Antonio González, en representación del Ministerio de Trabajo, donde quedó fijado el paquete de medidas a adoptar por el Consejo de Ministros para su desarrollo a lo largo de 2008.
Está pendiente que González presente el articulado de las bases jurídicas de cumplimiento del plan y su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno propuso a los trabajadores crear esta mesa negociadora un día antes del comienzo de la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales del mes de mayo.
Éstos aceptaron la propuesta con la condición de no hacer acto de presencia en los mítines socialistas, tal y como tenían previsto. 'Ahora sólo nos queda volver a las movilizaciones antes de las generales', concluyó Jiménez.
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