El expediente de regulación de empleo en la fábrica de puertas Dermaco, de Villacañas, ha sido la primera punta del iceberg que públicamente ha estallado en la evidente crisis que afecta al sector de la construcción y que tanto empieza a preocupar. Pero por desgracia no parece ser la única. Algunas de las numerosas y grandes fábricas de la comarca de La Sagra dedicadas a la fabricación de ladrillos, tejas y los más variados materiales de construcción obviamente también están empezando a acusar la terrible ralentización en el mercado de la vivienda y han empezado a presentar algunos expedientes para reducir su nómina de trabajadores.
Una simple pasada por los alrededores de estas fábricas situadas a pie de carretera es claramente reveladora de la situación actual. Enormes patios llenos hasta arriba de todo tipo de material que no tiene salida hacia las promociones de vivienda habla del parón en la construcción. Algunas de estas fábricas, en un intento de retrasar la crisis, han ampliado el tiempo de vacaciones de los trabajadores y se plantea algún cierre temporal. Como mucho, según fuentes del sector consultadas, la situación se podrá aguantar durante los primeros seis meses de este año. Pero si la cosa no mejora, el paro en este sector de gran importancia económica en la provincia que emplea a miles de trabajadores puede empezar a aumentar las estadísticas del desempleo. La preocupación manifestada por diversos responsables empresariales se está traduciendo, por tanto, en hechos.
De protección autonómica
Tal y como ABC informó hace dos semanas, un grupo de empresarios de la región ha presentado a la Administración regional un importante proyecto que permita que al menos en Castilla-La Mancha se pueda solventar la crisis inmobiliaria.
Se trata de construir en diez años medio millón de viviendas con la novedosa calificación de «protección autonómica», categoría distinta a la de protección oficial o precio tasado, pero en todo caso a un precio asequible a la mayoría de los bolsillos.
La clave de este proyecto radica en la puesta en el mercado de suelo barato, que partiría de la calificación como urbanizable del abundante suelo rústico de reserva. De esa manera, el promotor tendría la posibilidad de que el valor del terreno repercuta aproximadamente un 15 por ciento en el precio final de la vivienda, y no más del 50 por ciento como ocurre hoy. Evidentemente, esto supone una iniciativa legislativa por parte del Gobierno regional, que debería arbitrar el sistema legal para habilitar ese suelo barato. Las características del proyecto ya han sido comunicadas de manera verbal a los responsables de la Junta, aunque falta por ultimar el documento final de la propuesta, algo que quedará terminado en unos días.
Expedientes atascados
Por otro lado, los empresarios de la construcción han manifestado ya en varias ocasiones su preocupación por el retraso que existe en la Comisión Provincial de Urbanismo a la hora de sacar adelante los expedientes de los planes de actuación urbanística (PAU), una de las vías para la construcción de viviendas.
Se calcula que los expedientes acumulados en la Comisión superan los setenta. Incluso se ha llegado a plantear a la Junta la posibilidad de externalizar dicho servicio en despachos y estudios urbanísticos, ya que al parecer el personal de la Administración es insuficiente para dar respuesta ágil a las solicitudes presentadas.
http://www.abc.es/20080114/toledo-toledo/caida-construccion-afecta-fabricas_200801140307.html
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