La dirección de Nissan Motor Ibérica llegó el jueves a un acuerdo con los sindicatos para prorrogar durante un año el convenio, con una subida salarial equivalente al aumento del IPC, pero las espadas entre las dos partes siguen en alto porque la empresa mantiene su voluntad de presentar un expediente de regulación de empleo en abril que afectaría a 450 trabajadores y rechaza aplicar un plan de prejubilaciones, como exigen las organizaciones sindicales.
El consejero director general de Nissan Motor Ibérica, José Vicente de los Mozos, reiteró ayer que el expediente es necesario para afrontar un "problema coyuntural" de excedente de personal tras la supresión del tercer turno del Pathfinder por falta de demanda, y ante la negativa de los sindicatos de aceptar una mayor flexibilidad con un incremento de 25 jornadas al año que permitiría ampliar la producción de otros vehículos y reducir así el efecto del futuro expdiente. De los Mozos recordó que hay un plan de bajas voluntarias, con una horquilla de 8.000 a 60.000 euros, que vence el 8 de febrero y de cuyo éxito dependerá el número final de afectados del expediente.
El consejero negó taxativamente la posibilidad de pactar prejubilaciones. Para De los Mozos, la prórroga de un año del convenio es un reconocimiento implícito por parte de los sindicatos de que hay un excedente de plantilla.
Las centrales interpretan que la prórroga permite desvincular la negociación del convenio de la del recorte de empleos que consideran innecesario. Los sindicatos exigirán a Nissan medidas menos traumáticas que los despidos con un plan de movilizaciones que se iniciará con concentraciones de media hora el día 23, hasta un paro de una hora los días 30 de enero y 6 de febrero.
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