Las más de 1.000 afectados por el caso Sintel advirtieron al Gobierno español de que se manifestarán durante la campaña electoral previa a las elecciones del 9 de marzo si el 20 de febrero, como muy tarde, no han garantizado jurídicamente un plan social acordado entre ambas partes.
El presidente de la asociación de ex trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, dijo hoy a Efe que sus miembros decidieron esta mañana organizar esas protestas y aprobaron un nuevo plan social que excluye las prejubilación especiales para personas mayores, tal y como habían pedido representantes del Ministerio de Trabajo.
El plan social, que Jiménez asegura haber acordado con el Ministerio de Trabajo, reclama indemnizaciones por el expediente de regulación de empleo (ERE) del 2001, en el que 1.104 personas no entraron, y una actualización en la base de cotización de la Seguridad Social.
Además, exige ayudas económicas para las personas que se encuentran desempleadas y para la obtención de empleos, ya que en torno a un centenar de los afectados no ha encontrado trabajo enestos seis años.
El Ministerio de Trabajo aseguró el jueves pasado que nunca existió un plan social ni un acuerdo con el colectivo de ex trabajadores de Sintel, con los que ha estado negociando una salida a su problemática desde mayo del 2007.
En ese momento explicó que no es posible "jurídicamente, ni sería justificable" hacer otro ERE, como la asociación ha solicitado, pero sí mostró su disposición a ayudar en la búsqueda de empleo a los que están parados, para los que ofrece también compensaciones sociales si fuera necesario.
El Gobierno respondió así al presidente de la asociación de los trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, quien denunció ese mismo día el incumplimiento del ministerio de apoyarles con un plan social quehabían cerrado en noviembre.
De los 1.104 trabajadores que no fueron prejubilados por el ERE, 982 están trabajando, casi todos por cuenta ajena y un centenar por cuenta propia como autónomos. Unos 20 perciben pensiones de invalidez y los 100 restantes están en desempleo, de los que la mayoría cobra la correspondiente prestación, según el Ministerio de Trabajo, que planteó al colectivo su "sensibilidad" pese a que la quiebra de Sintel y la autorización del ERE tuvo lugar en el 2001, con el Gobierno anterior.
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