Ante el incremento de paro que se ha producido en el sector de la construcción y el inmobiliario durante los últimos meses, el Gobierno se ha reunido con los interlocutores sociales para debatir el plan de reinserción laboral, dirigido a los desempleados de estos sectores, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaboró el pasado mes de febrero.
Fuentes del Ministerio han declarado que ahora habrá que estudiar si las "recomendaciones" aportadas por los interlocutores y las que transmitirán los agentes durante los próximos días se incorporan al plan, con el objetivo de aprobarlo en el primer Consejo de Ministros de la Legislatura el próximo 11 de abril.
En este sentido, las mismas fuentes afirmaron que es "probable" que el Plan se apruebe dentro de estos plazos, de hecho ya hay medidas consensuadas.
CCOO ha asegurado que la reunión se ha reducido a un "simple intercambio de papeles" y que se celebrará un segundo encuentro, probablemente entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, en el que "se podrá concretar o no" un acuerdo.
La reunión, según CCOO, tenía como objetivo intercambiar "observaciones y consideraciones", de forma que los sindicatos y la patronal pudiesen transmitir al Gobierno sus impresiones y propuestas sobre el borrador del plan.
CEOE también ha confirmado su asistencia y asegura que a partir de este encuentro se irán "alisando los papeles" intercambiados en él.
Por su parte, Jesús Pérez, secretario confederal de UGT, ha asegurado que el Gobierno "ha tomado nota" de las peticiones de los agentes sociales y se ha comprometido a estudiarlas e incluir posibles modificaciones en el plan antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Pérez considera que las políticas activas de empleo que propone el Ministerio de Trabajo pueden servir de "acompañamiento" a otras iniciativas que el Ejecutivo tendrá que poner en marcha en un futuro ya que "por sí solas" no remedian la situación.
El secretario de UGT se muestra partidario del desarrollo de otras medidas que puedan potenciar el empleo en estos sectores, como las inversiones a corto plazo en vivienda protegida, la rehabilitación de cascos urbanos antiguos y la inversión en infraestructuras o en equipamientos públicos. "Mucha mano de obra se podría destinar a estas actuaciones", señala Pérez.
Sin embargo, para el sindicalista la reunión ha sido "de carácter general". Las políticas activas de empleo no sirven para crear muchos puestos de trabajo, "estas políticas deberían haberse puesto en marcha antes", afirma.
Algunas de las peticiones de UGT son su apuesta por el reciclaje de los actuales tutores de los desempleados, la incorporación de 1.500 más, el carácter voluntario de las medidas que propone el Ministerio y la financiación de este tipo de medidas a través de los Presupuestos Generales del Estado y la extensión del plan a todos los sectores de actividad.
"El plan tiene que dirigirse a todos los desempleados, no se pueden hacer preferencias", señala Pérez tras resaltar la importancia actuar de forma preventiva contra el paro. "La medida tiene que ser para todos".
El Plan
El plan previsto por el Gobierno tendrá un coste de 201 millones de euros y una vigencia temporal limitada al año 2008. Con todo y pendientes de la evaluación que se realizará en enero de 2009, podría ser prorrogado, modificado o cancelado definitivamente.
Algunas de las medidas más destacadas que se incluyen en el plan son el refuerzo de las oficinas de empleo con 1.500 orientadores que elaborarán un plan personalizado de inserción para cada desempleado, la puesta en marcha de diversas acciones formativas para los trabajadores de las oficinas de empleo y un crédito suplementario de 150 millones de euros para la dotación de las medidas de formación e inserción contempladas.
Además, los trabajadores podrán recibir una ayuda económica de 350 euros al mes durante un máximo de tres meses. Medida compatible con el desarrollo de su itinerario personalizado, siempre que no sean beneficiarios de prestaciones y carezcan de rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual.
El borrador del plan especifica que, una vez expuesto el texto a los agentes sociales y aprobado por el Consejo de Ministros, el Gabinete tendrá que reunirse con las comunidades autónomas para que desarrollen y apliquen las medidas incluidas en el plan.
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