Orange y Jazztel iniciarán a partir del próximo 8 de febrero, cuando se produzca la fusión legal de ambas empresas, un plan de ajuste de empleo que supondrá la supresión de un máximo de 250 puestos de trabajos netos, lo que equivale a un 3,5% de la plantilla.
En concreto, la operadora eliminará hasta un máximo de 550 empleos en aquellos centros donde hay duplicidades, pero creará 300 nuevos puestos de trabajo en las plataformas de atención al cliente propias que tiene en Oviedo y Guadalajara.
Los centros situados en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid serán los principales afectados por los despidos, ya que son en los que se ha identificado un mayor volumen de duplicidades.
Por el contrario, quedan excluidos de los despidos el resto de los centros de trabajo de Orange en España, así como los empleos de las tiendas propias que la compañía tiene en el país, la plantilla de Simyo y Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions.
El plan tampoco afecta a las plataformas de atención al cliente propias de Guadalajara, Oviedo y Bogotá (Colombia). De hecho, en los dos centros que tiene en España creará 300 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 17% de la plantilla de ambas plataformas.
«De esta manera, el impacto neto del plan sobre el empleo de Orange en España será de 250 puestos de trabajo, es decir un 3,5% de la plantilla total de Orange, 7.084 personas a cierre de 2015», agregó la empresa.
La operadora asumió con los representantes de los trabajadores de la compañía que la cifra de «potencial ajuste laboral» no excedería de 400 personas entre las dos plantillas.
COMISIÓN NEGOCIADORA
La compañía ha comunicado la decisión este jueves a los representantes de los trabajadores de las dos empresas en una reunión, en la que también se les ha instado a constituir una comisión negociadora, cuyo trabajo estima que concluirá en la segunda semana de marzo.
La representación legal de los trabajadores dispone, a partir de este jueves, de un plazo máximo de 15 días para designar a sus miembros en la comisión negociadora y, una vez constituida, se iniciará el periodo de consultas, que tendrá una duración máxima de 30 días, tal y como establece la ley.
«Orange está abierta a valorar, junto con la representación legal de los trabajadores, la voluntariedad como uno de los posibles criterios de afectación al plan», asegura la operadora.
La empresa afirma que, en el contexto del proceso de integración de Orange y Jazztel, ha realizado un «análisis en profundidad» del empleo con el fin de seguir con la actividad de la empresa de la forma «más eficiente y competitiva posible».
Así, remarca que las conclusiones de este análisis ponen de manifiesto «ciertas duplicidades y solapes en varias funciones», así como la oportunidad de incrementar el empleo en los centros de atención al cliente propios en España.
«Como consecuencia, la compañía ve por un lado la necesidad de llevar a cabo un plan de ajuste de empleo que se iniciará inmediatamente después de la fusión legal de ambas entidades, prevista para el próximo 8 de febrero», agrega.
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