La empresa pública Tragsatec, perteneciente al Grupo Tragsa, ha comenzado a ejecutar los 610 despidos incluidos en su expediente de regulación de empleo (ERE) con la intención de concluir el proceso antes de que termine el próximo mes de enero, según informa CC.OO. en un comunicado tras reunirse este martes con la dirección de la compañía.
Tragsa anunciaba esta semana que reducirá el número de despidos con respecto a los autorizados en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre su ERE, aunque no cuantificaba a cuántos puestos de trabajo afectaría el procedimiento, que inicialmente incluía a 1.300 empleados de Tragsa y Tragsatec.
Tras la reunión de este martes, CC.OO. asegura que la empresa ha comenzado ya a comunicar «con nocturnidad y alevosía» los despidos, con la intención de concluirlos a lo largo del próximo mes, una medida contra la que el sindicato avisa de que seguirá movilizándose, comenzando con una huelga de 24 horas convocada para el próximo 12 de enero, cuando también se realizará una manifestación desde la sede del grupo hasta la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)en Madrid.
«NEFASTA» GESTIÓN
Además, Servicios CC.OO. critica que ha sido la «nefasta gestión, la mala fe y el comportamiento irresponsable de la empresa» lo que ha desembocado en estos despidos, y reprocha a la dirección que no haya querido negociar un plan de viabilidad y ni siquiera se haya avenido a dialogar con los representantes de los trabajadores sobre medidas alternativas a los despidos.
En este sentido, la plataforma sindical expresa su «indignación» con las acusaciones vertidas por Tragsa de que fueron los representantes de los trabajadores los que no aceptaron el plan a cinco años con medidas voluntarias y de flexibilidad laboral presentado el pasado mes de junio, y que el retraso de dos años en la aplicación de ese tipo de iniciativas para reducir el gasto de personal lo que ha provocado unas pérdidas que ahora sólo pueden resolverse ejecutando el ERE.
Por su parte, la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO. considera que dicho plan de viabilidad no perseguía reducir los despidos sino únicamente «abaratar y precarizar las condiciones laborales» mediante el cese de trabajadores con antigüedad y la contratación de nuevos empleados con «menos derechos y salarios».
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