La Asociación de extrabajadores de Delphi ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, una demanda contra la Junta de Andalucía por «inactividad» en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos tras el cierre de Delphi en Puerto Real (Cádiz).
La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada con fecha del pasado 27 de julio y se dirige contra la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta –actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio– por no dar cumplimiento a los 16 protocolos de gestión que fueron desarrollados de conformidad al protocolo de colaboración suscrito el 4 de julio de 2007 entre los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y USO y la Junta, de adopción de medidas sociolaborales, complementarias y de reposición de prestaciones para los trabajadores pertenecientes al colectivo Delphi, así como la gestión de los activos cedidos por Delphi.
La asociación, que aglutina a unos 400 extrabajadores de Delphi, recuerda que es «totalmente independiente de los sindicatos» y se creó por la «inseguridad y la desconfianza que genera cómo se está llevando a cabo este asunto y la pasividad de las partes inmersas».
Fuentes de la asociación han explicado a Europa Press que van a seguir adelante con el procedimiento judicial, si bien permanecen pendientes de las propuestas que salgan del proceso de negociación establecido a finales de julio entre los cinco partidos del Parlamento andaluz y los sindicatos de Delphi, astilleros de Huelva y Santa Motor, los cuales se han dado hasta el 31 de octubre de plazo para encontrar una solución.
En este sentido, confían en que pueda darse «una solución definitiva y justa al proceso», esperando un «consenso» entre los diferentes partidos políticos, sindicatos, Junta y Gobierno central que cuente «con la aprobación del conjunto de los extrabajadores».
Volviendo a la demanda, destacan las citadas fuentes las «dificultades» encontradas para poder plantearla debido a la actitud de la Junta, que ha «demorado la entrega de la documentación solicitada reiteradamente por el juzgado, llegando incluso a sancionar al funcionario responsable».
Por último, comentan que, paralelamente, están estudiando acudir a la vía penal debido a la «cantidad de irregularidades encontradas en la documentación» a la que han tenido acceso, de la que se deduce la «presunta desviación y mala gestión de los fondos destinados a los extrabajadores de Delphi».
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