Eduardo Torres-Dulce ha decidido dimitir como fiscal general del Estado y así lo ha comunicado ya al Gobierno que lo nombró hace tres años y que, a su juicio, no ha dado el trato debido al Ministerio Público.
Es el segundo fiscal nombrado por un Gobierno del PP que renuncia al cargo, después de Juan Ortiz en la etapa del presidente Aznar.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que Torres-Dulce también ha dado a conocer su decisión a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y a la Casa Real. Formalmente, Torres-Dulce ha invocado motivos personales y ha manifestado su intención de regresar a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, su anterior destino en la carrera fiscal.
Eduardo Torres-Dulce ha mantenido soterrados pulsos con el Gobierno tanto por la carencia de medios personales y materiales de la Fiscalía como por su rechazo a reformas legales como el Código Procesal Penal, que, en su opinión, no daba al Ministerio Público todas las posibilidades de desarrollar su función constitucional.
Pero lo más tensiones ha generado ha sido su empeño en salvaguardar su autonomía de criterio y de actuación.
No es ningún secreto que el Gobierno no se encuentra cómodo con un fiscal general que defiende su autonomía de actuación frente a los intereses del Ejecutivo y del PP. El malestar en estos ámbitos desde que Torres-Dulce no quiso parar los papeles de Bárcenas no ha hecho más que ir en aumento y el último episodio ha sido la negativa del fiscal general a ajustarse a los tiempos que deseaba el Gobierno para presentar la querella contra Artur Mas.
Desde la última reforma del estatuto de la carrera fiscal en 2007, el Gobierno no puede destituir a su arbitrio al fiscal general, que, en cambio, sí puede cesar a petición propia. Ante la posibilidad de una renuncia inminente, Torres-Dulce no habría querido hipotecar a su sucesor con nombramientos de altos cargos.
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