La plantilla de la Agencia Tributaria está ‘muy cerca de sus mínimos históricos’

El Gobierno admite que la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) está «muy cerca de sus mínimos históricos», con 26.231 trabajadores actualmente, tras haber sufrido una «grave disminución» en los últimos años, lo que ha llevado al organismo a la situación «más que preocupante» de que pueda perder más de una cuarta parte de sus empleados en la década 2010-2020.

   Así lo reconoce en la memoria de impacto económico que acompaña al decreto ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que ya ha sido remitido al Congreso.

   En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo justifica la decisión «urgente e inaplazable» de incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria por encima del 10% de reposición autorizado en los Presupuestos de 2014 argumentando que «en el contexto actual mantener la capacidad operativa de la AEAT es indispensable», sobre todo ante el incremento «exponencial» en el número de servicios que presta.

   «La grave disminución del personal adscrito a este organismo en los últimos años y la necesidad de allegar recursos para la lucha contra el fraude fiscal con el fin de incrementar los ingresos públicos y reducir el déficit justifican en estos momentos la necesidad de dar un tratamiento excepcional y diferenciado a la Agencia Tributaria en esta cuestión», abunda.

PÉRDIDA «DIFÍCILMENTE ASUMIBLE»

   De hecho, el Gobierno ve «más que preocupante» que la plantilla de la AEAT haya pasado de unas 28.000 personas de media anual a las 26.231 con que se cerró el ejercicio pasado, y advierte de que esta tendencia a la baja conlleva el «riesgo de una pérdida acumulada durante toda la década de 2010 a 2020 de más de una cuarta parte» de sus funcionarios, cuya media de edad ha pasado de «poco más de 40 años en el momento de su creación a cerca de 50 años en la actualidad».

   Así, la jubilación de esos trabajadores de más edad en los próximos años podría provocar una «pérdida de plantilla de tales dimensiones» que «difícilmente podrá ser asumida» por la Agencia Tributaria «sin que se ponga en serio riesgo el incremento que sería deseable de sus resultados o, al menos, su mantenimiento», lo que a su vez podría acarrear «graves perjuicios para los intereses públicos» de los que se encarga este organismo.

   Y es que, aunque la Agencia Tributaria ha podido seguir funcionando estos años con una plantilla decreciente gracias a su «apuesta decidida por las nuevas tecnologías, a la recomposición de su plantilla en beneficio de los colectivos más cualificados y a las numerosas medidas de racionalización tendentes a la mejora de la eficacia y la eficiencia» del ente, sus resultados «serán siempre mejores en un contexto en el que no se produzcan pérdidas tan significativas de una plantilla que ya está muy cerca de su mínimo histórico», que se registró en unos momentos en los que no se prestaban tantos servicios.

APORTAN MÁS DE LO QUE CUESTAN

   Para evitar que ese mínimo histórico de funcionarios se supere «de forma negativa en poco tiempo» es necesario tomar medidas «de manera inmediata», y de ahí la ampliación de la oferta pública de empleo para la AEAT.

   En este punto, el Gobierno recuerda además que a la Agencia Tributaria no se le pueden aplicar los mismos principios de austeridad y contención del gasto que a otros organismos públicos, ya que «es más que probable que excesivas reducciones en su gasto de personal acaben teniendo un impacto muy negativo en términos de déficit que no las hagan nada recomendables».

   Y es que por cada euro gastado en retribuciones fijas de los funcionarios de la AEAT los ingresos que se consiguen se multiplican en torno a quince veces, e incluso más si se excluyen del cálculo los salarios de los trabajadores que se dedican a tareas de información al contribuyente, asesoramiento o auxilio judicial, entre otras.

A PARTIR DEL VERANO DE 2014

   En este contexto se justifica la ampliación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) prevista para la Agencia Tributaria este año en 166 nuevas vacantes de turno libre para la AEAT, que se sumarán a las 72 que ya estaban previstas, y ello «sin perjuicio de la convocatoria adicional de los correspondientes procesos de promoción interna».

   Así, los puestos se distribuirán entre el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (27), el Cuerpo Técnico de Hacienda (190) y el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado especialidad de Agentes de la Hacienda Pública (21).

   Estos 238 nuevos puestos de trabajo para «reforzar la lucha contra el fraude» conllevarán un coste de casi 4,32 millones de euros, si bien «la AEAT cuenta con disponibilidad presupuestaria para hacer frente a este gasto», según afirma el Ejecutivo, que además matiza que «la toma de posesión de los nuevos funcionarios no se producirá, previsiblemente, hasta el segundo semestre del próximo año».

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

   En el mismo decreto, el Gobierno también autoriza la oferta adicional y complementaria de 210 vacantes puras de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que permitirá cubrir el «gran número» de plazas vacías en esta escala, el 35% de las disponibles, unas 1.740 de un total de 9.030 puestos reservados para este tipo de trabajadores, sobre todo para puestos de intervención-tesorería y secretaría-intervención.

   La existencia de estas plazas vacantes es «especialmente preocupante» ya que son estos funcionarios los que deben hacerse cargo de las competencias de control, fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local otorga a los ayuntamientos.

   Unas funciones «cada día de mayor importancia en la lucha contra el fraude, el control del déficit público y la consecución de la estabilidad presupuestaria», y para las que la previsión de nuevo empleo recogida en los Presupuestos es «notoriamente insuficiente si quieren cumplirse adecuadamente».

   En este sentido, el Ejecutivo considera que 210 plazas adicionales suponen una «estimación razonable y adecuada» y recuerda que esta decisión no conllevará un incremento de costes para las corporaciones públicas ya que todas las plazas de funcionarios locales con habilitación nacional «tienen que estar presupuestadas, con independencia de que se encuentren o no vacantes».

   Finalmente, defiende que sea necesario realizar esta ampliación de plantilla ahora argumentando que en los Presupuestos no se pudo «evaluar adecuadamente» si la oferta pública de empleo de 2014 sería suficiente ya que no se había aprobado aún la Ley de Racionalización de la Administración. Sin embargo, ahora es «inaplazable» cumplir con esta normativa, lo que «requiere de los efectivos necesarios».