La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que un millar de investigadores de centros públicos sufrirán este año una «importante bajada en sus retribuciones» que, dependiendo de los casos, puede ser de entre 4.000 y 6.000 euros anuales. Ante esta situación, reclaman al Gobierno una mesa de negociación y que termine con el «oscurantismo» existente acerca de esta situación.
Según ha explicado el responsable de Administración Central del sindicato, Francisco Javier Camarillo, este problema llega tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia en 2011. En el texto se modifica el sistema de escalas administrativas y se crean tres nuevas, aunque éstas no entrarían en vigor hasta enero de 2014.
La idea era que, en los dos años intermedios se negocie y se establezcan los criterios para determinar cómo distribuir a los profesionales en las nuevas escalas y cómo serán sus nuevas retribuciones, que se ordenarían con un Real Decreto.
Sin embargo, estos criterios aún no se han establecido, según apunta Camarillo, que critica que el Gobierno «ni siquiera cumple con los plazos que se pone a sí mismo». De hecho, ha señalado que la secretaria de Estado de I+D, Carmen Vela, en su última comparecencia en el Congreso el pasado 18 de marzo, aseguró que el Real Decreto estaba en marcha y que estaban trabajando en ello.
Podría ser una bajada retroactiva
Mientras estos criterios no se establecen, los investigadores afectados -pertenecientes al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III- han sido adscritos a la escala más baja, lo que supone esta reducción salarial.
La bajada, que aún no se ha producido pero que se puede aplicar retroactivamente, corresponde a una pérdida en conceptos de retribuciones complementarias (unos 3.000 euros) y en productividad (hasta 3.000 euros).
Para compensar esta pérdida económica, la nueva ley contempla el desarrollo de lo que han llamado Complemento Temporal Transitorio, que debe ser establecido por la Administración, en dicho Real Decreto, con la posibilidad de que los investigadores accedan a quinqunios y sexenios.
Piden al Gobierno negociar con ellos
Pero lo que ha molestado a los investigadores es que Vela haya asegurado que se están reuniendo con los sindicatos para elaborarlo. «No es cierto», ha apuntado la investigadora del IGME, Rosa Mediavilla.
En este sentido, ha pedido al Ejecutivo «transparencia» y que «abran vías de negocioación». «Queremos dialogar e intentar que los sueldos bajen los menos posibles o, al menos, estar informados de qué va a pasar», ha añadido.
Los expertos han denunciado que este nuevo modelo está creado «sin criterios, sin negociación y sin rigor» y piden también colaboración a los directivos de OPIs que, según han apuntado, «también callan» acerca de este asunto, asegurando que «es secreto». «Es una situación preocupante», ha concluido Camarillo.
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