La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que suprima el incentivo económico a las agencias privadas de colocación por informar de irregularidades cometidas por desempleados, al considerar que se trata de una «retribución indebida», que prima una acción «que no constituye intermediación laboral».
Asimismo, la Defensora del Pueblo entiende que este incentivo «pervierte el sentido de la norma», pues convierte «en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad».
Por todo ello, la Defensora del Pueblo ha dirigido una recomendación a la Secretaría de Estado de Empleo para que suprima este incentivo económico a las agencias de colocación. La Defensora del Pueblo ha hecho esta recomendación tras analizar la denuncia que le realizó al respecto la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet).
El presidente de Andet, Antonio Valenciano, ha señalado este lunes a Europa Press que la emisión de esta recomendación por parte de la Defensora del Pueblo es una «grata sorpresa», aunque tiene sus «dudas» sobre si el Ministerio cumplirá con ella y procederá a la supresión de este incentivo. De ser así y no seguir Empleo la recomendación de la Defensora, Valenciano ha indicado que adoptarán acciones legales.
Para el presidente de Andet, resulta «absolutamente contrario» al ordenamiento jurídico español incentivar económicamente la puesta en conocimiento al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de posibles irregularidades por parte de los desempleados.
Andet argumentaba en el escrito que remitió a Becerril que el pliego administrativo del acuerdo marco entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación abría un nueva vía de iniciar el trámite de denuncia «por un cauce informal» y sin las mínimas garantías legales.
En dicho pliego se establece que las agencias de colocación percibirán un incentivo «por resolución de irregularidades», consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral al desempleado encomendado, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.
«La incentivación económica en los términos expuestos resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un Estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en cazarrecompensas al margen del control de la legalidad vigente», subrayaba la asociación en el escrito enviado a Becerril.
Por todo ello, Andet reclamaba a la Defensora del Pueblo que tomara cartas en este asunto y emitiera una recomendación para modificar este aspecto en el acuerdo marco de colaboración entre el SEPE y las agencias privadas de colocación.
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