El Pleno del Congreso rechazará previsiblemente este martes, en sesión extraordinaria, la moción del PSOE en la que exige al Gobierno que retire tanto el contrato de emprendedores como los cambios introducidos en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a través de una enmienda a los Presupuestos de 2014, así como que recupere el diálogo social para renegociar algunos aspectos de la reforma laboral que lleva en vigor desde 2012.
La petición está recogida en una moción resultado de la interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se sustanció en la última sesión de 2013, celebrada el 18 de diciembre, y que estuvo centrada en las posibles intenciones del Ministerio de dar una «nueva vuelta de tuerca» a la reforma laboral, tras las recomendaciones de la Unión Europea y de la OCDE.
En el texto, que recoge Europa Press, los socialistas exigen la «retirada inmediata» del contrato de emprendedores por «no cumplir con los objetivos» que perseguía, provocar un «aumento de la segmentación del mercado» laboral y tener incluso «visos de inconstitucionalidad», después de que un juzgado de Barcelona declarara nulo el despido a un trabajador con esta modalidad contractual ocho días antes de que se acabara el año de prueba que exime del pago de indemnización.
Además, en la moción se exige retirar los cambios en el Fogasa que, a partir del próximo 1 de enero, supondrá la supresión del abono de un parte de la indemnización (ocho días por año de servicio) que realiza este fondo a los trabajadores con contratos indefinidos despedidos en empresas de menos de 25 trabajadores.
RECUPERAR EL DIÁLOGO SOCIAL
Por otra parte, el principal partido de la oposición insta al Gobierno a «rectificar y convocar urgentemente» a los agentes sociales para negociar los aspectos de la reforma laboral que «atentan contra los derechos de los trabajadores y de las personas desempleadas, así como contra la negociación colectiva».
En el mismo sentido, el PSOE reclama recuperar el diálogo social en torno a cualquier medida relacionada con el empleo, la protección por desempleo, el modelo de relaciones laborales, la negociación colectiva, la autonomía colectiva y «cualquier otra con incidencia en el mercado de trabajo o en los derechos de los trabajadores», de modo que este tipo de reformas «cuenten con consenso y acuerdo social».
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