RRHH Digital El Ministerio de Empleo ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en paro en 915,1 millones de euros.
De esta forma, el número de prestaciones retiradas han sido un 14,8% superior a la registrada en el mismo periodo de 2012 y ha supuesto un ingreso para el Estado de 119 millones más que un año antes.
Éste es sólo uno de los efectos desplegados por Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012, que pormenoriza la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta abierta dirigida este lunes a los medios.
Así, tomando todo el periodo de vigencia del Plan, la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo ha permitido ahorrar hasta 3.160,7 millones de euros.
Además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han podido aflorar 130.512 empleos. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia. Como consecuencia, se han anulado 64.379 altas ficticias, a partir de 3.523 infracciones.
Sólo en los primeros seis meses de 2013 han aumentado un 30,5% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mimas, detectadas por Empleo. Además, se han realizado en estos seis meses 14.842 inspecciones, un 46,8% más, y se han detectado 1.964 infracciones (+146,3%).
BÁÑEZ LLAMA A LOS CIUDADANOS A DENUNCIAR
En la carta abierta, la ministra de Empleo ha mostrado su intención de actuar «con la mayor contundencia» contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatiza que «todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo».
Para ello, recuerda que la página web del Ministerio de Empleo dispone de un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias» para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Asimismo, en dicho buzón podrán presentar denunciar los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de inspección un deber absoluto de reserva de la indentidad del denunciante.
«Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, para que la inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua», sentencia la ministra de Empleo.
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