Recursos Humanos Digital Los catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del País Vasco Mikel de la Fuente y de la Universidad de Castilla-La Mancha Joaquín Aparicio han advertido este lunes a la Comisión de Seguimiento del Pacto del Toledo del Congreso de que aplicar el factor de sostenibilidad propuesto por el comité de expertos causará discriminaciones a algunos colectivos como las mujeres o las clases más bajas.
De la Fuente ha afirmado que el objetivo del Gobierno al encargar este informe a los ‘doce sabios’ es «dar cobertura científica a una reforma del sistema enfocada no sólo y en primer lugar a conseguir una sostenibilidad a largo plazo, sino a alcanzar un objetivo de déficit público a corto plazo».
«Todo el informe está construido sobre la reducción del gasto y no sobre el aumento de los ingresos, aunque reconozca que hace falta incrementarlos. Y ello a pesar de que el fondo de reserva permitiría soportar los déficit de la Seguridad Social hasta que se produzca la recuperación económica del sistema en 2018, según las previsiones del Gobierno», ha dicho.
Así, a su entender el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que moderará la pensión inicial en función de la esperanza de vida en el momento de la jubilación, «hará pagar a los pensionistas» el aumento de los años de vida, a pesar de que ese incremento se debe más a la reducción de la mortalidad infantil que al retraso de la mortalidad.
Además, al no introducirse correctores de esa esperanza de vida relativos a «la categoría social y profesional» sino que se prevé su «aplicación indiscriminada» el FEI «perjudicará más a las clases trabajadoras» (que vivirán menos tiempo) y a colectivos como el femenino, en tanto en cuanto se ampliará el uso de pensiones privadas que sí implica una penalización de quienes tienen más esperanza de vida.
«Habrá una reducción regresiva de las cuantías de las pensiones», ha llegado a asegurar, avisando de que si el Gobierno sigue «atendiendo a las recomendaciones de la troika o de la CEOE, como suele hacer, es muy posible que después del factor de sostenibilidad lleguen nuevos recortes».
INSTITUCIONALIZAR LAS CONGELACIONES
Por su parte, el método propuesto para calcular la revalorización de las cuantías cada año (FRA) supondrá «institucionalizar las congelaciones» ya que «mientras se mantenga el paro masivo y una reducción de los ingresos por vía de menos cotizaciones las revalorizaciones serán sistemáticamente inferiores al IPC, con lo que no existirán». «Una revalorización conforme al IPC no me parece adecuada, aunque evidentemente es mejor que la no revalorización», ha añadido.
«Es cierto que las nuevas pensiones son más elevadas que las antiguas, pero esa diferencia muestra que las revalorizaciones basadas en el IPC –que se ve a veces como el non plus ultra de la generosidad– alejan las pensiones medias de los salarios medios en una coyuntura en que los salarios aumentan por encima del IPC. Es decir, que las pensiones se alejan de lo que se cobraba cuando se tenia salario», ha advertido el experto.
Tras criticar que este «recorte» se suma a los que han conllevado las últimas reformas de la Seguridad Social y también a otros sufridos por los pensionistas (como el copago farmacéutico o el endurecimiento del acceso a ciertos subsidios, entre otros), De la Fuente ha expresado su «convicción de que es muy posible que los cálculos del impacto de estas medidas se haya subestimado» y que la pérdida de poder adquisitivo acabe siendo superior a la previsto.
Por eso, se hace necesario incrementar el gasto en pensiones a través de una mejora de los ingresos del sistema a través de medidas como, por ejemplo, cambios fiscales, un incremento de las cotizaciones o a un aumento de los topes salariales de las cotizaciones.
«El aumento de pensionistas a finales de la próxima década (por las jubilaciones del ‘baby boom’) hace más injustificado aún plantear un recorte mientras el fondo de reserva tenga disponibilidad. Y ese aumento de pensionistas exigirá aumentar los recursos del sistema, que no deben depender ni estar condicionados a una vuelta al crecimiento», ha señalado.
En su lugar, el Gobierno debería trabajar en pro de una política «de pleno empleo a través de una reducción progresiva del tiempo de trabajo, de una priorización de sectores altamente proveedores de puestos de trabajo y de una reversión de la reducción de las rentas del trabajo ocurrida en los últimos años».
CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN
Joaquín Aparicio, por su parte, ha argumentado que con la actual tasa de desempleo introducir un factor de sostenibilidad que reduzca la pensión es «lo contrario a lo previsto en la Constitución» y ha explicado que los mensajes catastrofistas sólo se cumplirán si «el poder público incumple sus obligaciones de buscar los medios necesarios para garantizar unas pensiones suficientes». «La Seguridad Social está en la Constitución y es obligatoria», ha dicho, como advertencia a quienes puedan estar planteándose la propia existencia del sistema.
Además, a su entender plantear una nueva modificación apenas unos meses después de la entrada en vigor de la última reforma «muy amarga» de la Seguridad Social «no tiene justificación» y «sólo crea sensación de inseguridad», y ha criticado que la UE, con sus recomendaciones, «parece que quiere aprovechar la triste y dura realidad para dar un golpe brutal al modelo social europeo».
«Las presiones de la UE orientando las reformas de la Seguridad Social son ilegítimas. Todos ustedes tienen la obligación de contestar (a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) que no pueden matar el estado social», ha exigido a los diputados.
BUSCAR MÁS INGRESOS
Porque a su entender en lo que debería estar trabajando el Ejecutivo es en «incrementar las pensiones», lo que «no haría el sistema insostenible» como se mostraba en el primer borrador del informe de los expertos, que usando «otros métodos» conseguiría «resultados sensiblemente diferentes». «Dicen que el sistema no se sostiene, pero no, lo único es que tendremos que ver quién tiene que hacer aportaciones y en qué cantidad», ha reiterado.
«El déficit actual de la Seguridad Social es coyuntural, debido en una importante medida a la caída salarial y al aumento del desempleo. Para eso está el fondo de reserva, no es nada alarmante. Pero no se puede hablar de sostenibilidad a largo plazo sin plantear medios para mejorar los ingresos del sistema», ha dicho.
A renglón seguido, ha dado algunas ideas sobre de dónde sacar dinero para las pensiones «de forma sencilla y al alcance del poder legislativo» tales como eliminar el tope máximo de cotización, mejorar los salarios, eliminar bonificaciones y reducciones al empleo que se cargan contra las cotizaciones, reformar el sistema fiscal, luchar contra el fraude o ligar las cotizaciones a la productividad y a las cotizaciones.
«Las pensiones contributivas se financian básicamente con las cotizaciones, pero nada impide que se financien también por otros medios», ha apostillado, expresando su posición contraria a plantear reducciones del «campo de juego» del sistema público para dejar más espacio a los planes privados de pensiones.
Por último, el catedrático castellano-manchego ha reconocido que no encuentra «argumentos de suficiente solidez» que permitan afirmar que hay una «urgente necesidad» para introducir el factor de sostenibilidad «lo más rápidamente posible» y sin esperar al año 2027, cuando estaba previsto inicialmente por ser «cuando las generaciones del ‘baby boom’ llegarán a la jubilación».
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