Recursos Humanos Digital Los llamados ‘100 economistas’ abogan por simplificar las modalidades de contratación para reducir el coste laboral no salarial de las nuevas contrataciones y lograr que dicho coste aumente de forma progresiva con la antigüedad del trabajador, evitando así incentivos «injustificados» a la rotación laboral.
En un nuevo manifiesto titulado ‘Por un nuevo impulso a la creación de empleo en España’, que presentarán este jueves en rueda de prensa en Madrid, ‘los 100 economistas’ consideran que tres modalidades contractuales bastarían para acomodar todas las necesidades de contratación de las empresas españolas: un contrato de formación «bien diseñado», un contrato de interinidad para cubrir las necesidades esporádicas de sustitución de trabajadores en las empresas y un contrato indefinido (el llamado ‘contrato único’).
Esta última modalidad, que en opinión de los expertos «puede y debe constituir la norma de la contratación laboral», podría ser a tiempo completo o parcial, con indemnizaciones que crezcan de forma gradual hasta alcanzar un máximo «razonable» y con dos escalas de indemnización para recoger las causas de despido procedente e improcedente.
‘Los 100 economistas’, que consideran necesario alcanzar un «alto grado» de seguridad jurídica en los procedimientos de los despidos individuales y colectivos, creen que tras la reforma laboral de 2012 la dualidad laboral se ha exacerbado y advierten de que, en ausencia de cambios sustanciales, el contrato temporal seguirá siendo la vía casi exclusiva de acceso al empleo y la tasa de temporalidad volverá a superar el 30% (desde el 22% actual) cuando se recupere la actividad.
Desde el anterior manifiesto lanzado en abril de 2009 con medidas para corregir los problemas en el mercado laboral, ‘los 100 economistas’ recuerdan que se han aprobado tres reformas laborales diseñadas por dos gobiernos de diferente ideología, lo que no ha evitado que aún persistan «serias dudas» sobre el grado de avance logrado en la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.
En líneas generales, consideran que la protección de los parados y las políticas activas del mercado de trabajo son los ámbitos en los que se observa un menor progreso, lo que, en su opinión, «resulta inaceptable» con tres millones y medio de trabajadores que llevan más de un año en paro y una cifra similar de parados sin completar la educación secundaria de segunda etapa.
Así, ven «imprescindible» fortalecer los vínculos entre las políticas activas y pasivas, calificando de «prioritario» reintegrar al empleo al máximo número de parados posible mediante mejoras en la gestión de las prestaciones.
A este respecto, creen que debe mantenerse el carácter público de la intermediación, permitiendo que los servicios públicos de empleo (SEPE) se centren en los casos con mayor probabilidad de reempleo y dejando los casos más difíciles en manos de las agencias privadas. Asimismo, vuelven a incidir, como en 2009, en el insuficiente nivel y la inadecuada estructura del gasto en políticas activas de empleo.
Por último, abogan por modernizar la negociación colectiva y ven necesario aumentar la flexibilidad en la determinación de las condiciones de trabajo en las pymes.
En cualquier caso, creen que para que se produzca la creación de empleo en España son necesarios, entre otros factores, la recuperación económica a nivel europeo, el restablecimiento del flujo de crédito a las empresas y un aumento del grado de competencia en los mercados de bienes y servicios.
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