Recursos Humanos Digital Los sindicatos de la función pública han advertido este jueves al Gobierno de que contestarán con nuevas movilizaciones si emprende de nuevo recortes en el sector público, cuyos empleados, aseguran, «están al límite» en sus «moderadas e incluso muy bajas» condiciones laborales y salariales.
En una rueda de prensa para presentar las conclusiones alcanzadas por la Plataforma Sindical de Asociaciones de Empleados Públicos, la secretaria de acción sindical de UGT, Carmen Barrero, ha anunciado la creación de una comisión que se marcará como objetivo estudiar posibles medidas, en el que se baraja un nuevo calendario de movilizaciones, para responder a eventuales recortes en la función pública. La primera reunión se ha programado para el próximo 7 de mayo.
Así, los sindicatos sospechan que el Gobierno, como excusa para ajustar las cuentas públicas y cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas, podría anunciar una «nueva situación de reajuste» en las administraciones públicas, como ya hizo el año pasado al eliminar la paga extra y los ‘moscosos’.
Asimismo, la plataforma ha anunciado la puesta en marcha de una campaña que buscará, por un lado, reivindicar exclusivamente aspectos laborales que conciernen a los trabajadores públicos, y promover un «acercamiento a los ciudadanos», ya que entienden que «la lucha de los empleados públicos debe ser la lucha de las personas por sus servicios públicos».
No obstante, el conjunto de organizaciones adscritas a la plataforma ha avanzado que tienen intención de estudiar nuevas medidas para abordar en sede jurídica los recortes a los empleados públicos llevados a cabo en el Real Decreto 20/2012 de julio del pasado año.
CELEBRAN LOS ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
En este sentido, Barrero ha aplaudido los recientes pronunciamientos de los tribunales de justicia en relación a los recursos presentados contra los recortes que afectan a los trabajadores de las administraciones públicas.
Es el caso, por ejemplo, de la Audiencia Nacional que estimó semanas atrás un recurso sobre la supresión de pagas extras a los funcionarios, para el que pide que el Constitucional se pronuncie.
Por último, el portavoz de CSI-F, Francisco Camarillo, ha dicho que los funcionarios y empleados públicos están siendo víctimas de una «caza de brujas» por parte del Gobierno, que tiene como fin privatizar los servicios públicos. «Sin empleo público no habrá servicios públicos de calidad», ha ahondado.
De su lado, el representante de CC.OO., Francisco Cabezos, ha hecho hincapié en que la reforma laboral es un «cáncer para el mercado de trabajo en España, al tiempo que ha emplazado al Gobierno a que llame a los representantes de los trabajadores y a la patronal para acodar «una salida real» a la crisis que atraviesa España.
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