Recursos Humanos Digital El nuevo endurecimiento de los requisitos de acceso al subsidio de desempleo para mayores de 55 años supone dejar desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo en lo que va de crisis, justo en la última etapa de su vida profesional, cuando más difícil les será volver a encontrar un trabajo. CCOO recuerda que en la crisis se ha triplicado el número de personas que se han visto obligadas a solicitar un subsidio de desempleo. Hemos pasado de una media de apenas 400.000 personas en 2007, a más de 1.236.000 en enero de 2013.
En este contexto de crisis, en los últimos años se han venido negociando en las empresas con verdaderas dificultades económicas fórmulas que suponían la salida no traumática de trabajadores que transitaban hacia la jubilación, aún a costa de asumir una reducción en las cuantías de sus pensiones, pero bajo el resguardo de una legislación que les garantizaba en todo momento que no quedarían desprotegidos. Precisamente en este contexto, la reforma impuesta por el Gobierno modifica la protección en desempleo y el acceso a la jubilación, por lo que muchos de los trabajadores despedidos hace tiempo ya no cumplirán los nuevos requisitos y quedarán sin protección social.
El Gobierno ha cambiado las reglas de juego en mitad del partido y por la puerta de atrás. Uno de los ejemplos más claros está en la cláusula de salvaguarda de la reforma de jubilación, esto es, los requisitos que se toman como referencia para que a los trabajadores despedidos les pueda ser de aplicación la legislación de jubilación vigente en el momento del despido. Hasta ahora, las cláusulas de salvaguarda han garantizado que si un trabajador era despedido y no volvía a encontrar trabajo las reglas de su jubilación serían las que estaban vigentes en el momento en el que perdió el empleo. Así se da seguridad jurídica a la situación del trabajador. Sin embargo, en la reforma impuesta por el Gobierno esta garantía tendrá plazo de caducidad el 1 de enero de 2019, por lo que los trabajadores que no hayan cumplido en esa fecha la edad de jubilación, muchos miles, perderán el derecho a hacerlo con la legislación previa.
La reforma afecta también de forma especialmente negativa a los trabajadores más jóvenes a la hora de que las empresas “seleccionen” al colectivo de trabajadores despedidos en un ERE. Mientras que antes de la reforma, las empresas en beneficios que despidiesen a trabajadores mayores de 50 años estaban obligadas en todos los casos a sufragar parte del coste de las prestaciones de desempleo de estos trabajadores, ahora pueden evitar totalmente ese sobre-coste planificando el volumen de trabajadores más jóvenes a despedir, precisamente el colectivo que tiene menor protección por desempleo de nivel asistencial.
Con estas medidas se dificulta la salida no traumática de trabajadores en empresas que atraviesan verdaderas dificultades económicas, lo que sólo repercutirá en enviar más gente joven y de mediana edad al desempleo, así como una menor protección de los trabajadores parados de mayor edad. Todo ello, a su vez, incrementará la presión sobre los costes del factor trabajo (aceptación de menores salarios, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc.)
El plan de acción que ha venido desarrollando el Gobierno ha sido muy claro, comenzando con un refuerzo del poder empresarial unilateral tanto al suprimir la autorización administrativa de los ERE, como al facilitar la posibilidad de modificación unilateral de salarios y condiciones de trabajo, así como limitando la capacidad de concertación entre empresas y trabajadores a través de la Negociación Colectiva. Adicionalmente reduciendo la protección social en todas sus figuras (desempleo, subsidios,…). Para, finalmente, endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial en los términos que ya estaban pactados con un amplio acuerdo social y político.
La lógica de las reformas impuestas en el último año por el Gobierno corresponden a un planteamiento ideológico muy definido, se trata sencillamente de hacer que la crisis la paguen principalmente los trabajadores por la vía de la menor protección social y el empeoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo. En lugar de exigir esfuerzos proporcionados a las rentas de capital, trabajo y adoptar una postura coherente y valiente en política fiscal, como mejor alternativa a las políticas de austeridad y recortes, promoviendo una alternativa en las políticas generadoras de actividad económica.
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