El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha admitido la existencia «evidente» de «un número de (inmigrantes) irregulares» en España, si bien advirtió de que no es «ni mucho menos de lo que se podría desprenderse del padrón como único elemento de análisis», dado que «desciende de una manera notable».
En declaraciones a los medios, tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, el ministro matizó las cifras de inmigrantes irregulares resultante de cruzar las cifras de los padrones municipales con las de permisos de residencia, y que arrojan en torno a un millón de personas que podrían residir en España sin papeles.
El titular de Trabajo advirtió de que el padrón municipal no es una referencia exacta para hacer este cálculo dado que lo que indica no es el número de personas que residen en España sino las que están empadronadas. Así, recordó que una persona se puede empadronar sin estar físicamente presente en un municipio.
Todo lo contrario, para Caldera los datos de los que dispone el Gobierno demuestran que «la irregularidad va descendiendo y de forma muy notable», en todo caso por debajo del millón de irregulares que apuntan algunos cálculos. Así, explicó que, en la actualidad, unos 300.000 extranjeros están renovando sus documentos de permiso de residencia y a su vez, otros 200.000 se incorporarán a la legalidad a lo largo de 2006.
Por otra parte, indicó que los ciudadanos comunitarios también están incluidos en el padrón, si bien no necesitan permiso de residencia en España. Al mismo tiempo, se da el caso de personas que se van de España y mantienen su empadronamiento por si deciden regresar en el futuro.
Además, de los datos disponibles el Gobierno aprecia una caída notable de las entradas ilegales, especialmente en lo que se refiere a inmigrantes marroquíes y subsaharianos. No obstante, el ministro reconoce la presencia de «una colonia de cierta importancia» de irregulares procedentes de Rumania, aunque anunció que a partir del próximo 1 de enero de 2007 pasarán a ser ciudadanos europeos
En todo caso, Caldera apuntó que los extranjeros procedentes de Rumania llegan a España atravesando países europeos, «deberían haber sido controlados en la frontera Schengen» y por tanto esta situación «no es responsabilidad de España».
Por todo ello, el ministro cree que «no hay que crear alarma» porque «la situación se está ordenando bien», tal y como evidencia el incremento del número de contratos en origen (200.000 en los últimos 6 meses). Además, aseguró que las 600.000 personas que fueron regularizadas en el último proceso, siguen cotizando a la Seguridad Social un año después.
En este sentido, Caldera valoró que la inmigración ha supuesto un importante progreso económico y social para España «y todo el mundo, salvo el Partido Popular, así lo comprueba. «Hay estudios que indican que de no haber sido por este impacto en nuestro mercado laboral el crecimiento económico en España hubiera sido mucho menor e incluso, algunos piensan que hubiéramos entrado en recesión», destacó.
Entre estos estudios, el ministro citó un informe del presidente del Instituto de Estadística de Andalucía, Juan Antonio Fernández Cordón, que concluye que el número de personas irregulares en España «es inapreciable y ha descendido de manera notable».
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